LOS DESATINOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA

No dejan de asombrarnos las erradas políticas administrativas puestas en práctica y que asume la DEM en cabeza de su director ejecutivo y todas aquellas que en momento desafortunado respaldan y apoyan su desordenado criterio para conducir el máximo ente que administra los recursos del poder judicial venezolano.

Con perplejidad hemos observado como actualmente se encuentra la DEM en plena ejecución de un errado criterio de reestructuración en el poder judicial, siendo que para la aplicación de una reestructuración de una institución del Estado se hace absoluta e irrestrictamente necesario que se den ciertos supuestos de procedibilidad como lo son: i) modificación de los servicios ii) cambios en la organización administrativa y iii) limitaciones financieras, pero observamos tristemente que muy por el contrario a lo dispuesto en la reestructuración que ejecuta la DEM que emana de un mandato de la Sala Plena del TSJ cuando aplica la Resolución 2009-0008 de fecha 18 de marzo de 2009 es para destituir y salir del paso de aquellos empleados que no le lamen las suelas de los zapatos al Director Ejecutivo y su séquito de burócratas y aduladores.

Basta que a uno de sus aduladores o burócratas le caiga mal algún empelado para que inmediatamente se le aplique el criterio de reestructuración, así ese empleado sea de aquellos que se encuentran bajo el régimen de CARRERA JUDICIAL.

Los desatinos de la DEM son tan numerosos que ya perdimos la cuenta de tantos que son. Además de violar la LIBERTAD SINDICAL ( 9 directivos sindicales despedidos ), se niegan a cumplir y discutir la Convención Colectiva y dilatan la discusión de la nueva, ejecutan prácticas anti-sindicales, se niegan a cancelar contraprestaciones de carácter económico de todo tipo que le corresponden a los empleados y coronan su largo catalogo de vulneraciones laborales con la violación del acta de fecha 09-12-2008 en donde aún habiéndose obligado a cancelar como derecho adquirido 132 días por concepto de aguinaldos y que en 2009, prestándose la misma Presidenta del TSJ para establecer en declaraciones dadas en fecha 18 de octubre de 2009 que tal concepto “…estaba presupuestado…” pero que a esta fecha evidentemente no han cancelado, aún cuando es un hecho público, notorio y comunicacional que el SUONTRAJ ha acudido ante los entes respectivos, es decir, ante el Poder Moral republicano (Contraloría General de la República-Fiscalía del Ministerio Público-Defensoría del Pueblo) a los fines de solicitar se aperturaza una investigación de presuntos manejos administrativos con visos de corrupción; hasta hoy día el flamante director ejecutivo aunque señalado, denunciado y aperturada como fue una investigación por el Poder Moral Republicano y señalado por este sindicato aún se encuentra en pleno uso, goce, ejercicio y disfrute de una cargo administrativo que le quedó grande hace mucho tiempo.

En cualquier país del mundo ante una situación semejante, si el funcionario público fuese señalado pero por sobre todas las cosas tuviera principios y valores como el ser honorable, ser recto, ser correcto en sus actuaciones, tuviese moralidad o transparencia en sus actuaciones simplemente respondiera acertadamente sobre las razones por las cuales hoy día aún no se han cancelado los 48 días de aguinaldos del año 2009 que quedaron “debiendo” pero al parecer no tiene razones justificadas pues no las da y al parecer a nadie le importa.

Y es que el flamante director ejecutivo se encuentra ungido con óleos provenientes de la primera magistratura del Tribunal Supremo de Justicia que le permiten su “comodidad” para actuar al frente del organo administrativo del poder judicial. Protegido de esta manera, así existan razones por las cuales deba investigarse a la DEM, mientras dure en la Presidencia del TSJ su “benefactora” jamás los desaliñados guisos habrán de investigarse. Poseedor este funcionario de una “patente de corso” de aquellas otorgadas por la Real Cédula Española para hacer y deshacer a su libre arbitrio a través de su séquito de aduladores y burócratas, vemos ya no con extrañeza una actuación que aunque desacertada, aprobada por su protectora.

La palabra ante todas estas arbitrariedades ahora la tienen los trabajadores. Corresponderá a los mismos salvaguardar sus derechos o dejar que el poder corroído les arrebate lo que han conquistado en más de 20 años de lucha.