El Sindicato Unido Organizado Nacional de los Trabajadores Judiciales denunció a la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, por violar las convenciones colectivas de los empleados tribunalicios y el fuero sindical.
El presidente del organismo gremial, Luis Gálviz, aseguró que desde que se aprobó la resolución de Sala Plena de reestructuración del Poder Judicial han sido despedidos 155 trabajadores, incluidos cerca de 10 representantes sindicales.
"El Comité de Libertad Sindical de la OIT debe evaluar la queja presentada y, sobre la base de las pruebas aportadas, puede someter a sanciones económicas al país. La OIT forma parte de la ONU y Venezuela ha ratificado todos los convenios laborales", indicó.
Recordó que Morales y el presidente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Francisco Ramos Marín, han sido denunciados ante el Consejo Moral Republicano, la Fiscalía y la Contraloría, sin resultados oportunos.
"El Consejo Moral Republicano ordenó al fiscal 50° anticorrupción que hiciera una investigación por los 514 millones de bolívares viejos que fueron otorgados en crédito adicional a la DEM, pero hasta el momento no tenemos el resultado de esa investigación.
Esos dineros se manejaron como en una pulpería de pueblo.
No se administraron con criterio de pulcritud ni transparencia", dijo.
Acusó también a Ramos y al director de Recursos Humanos de la DEM, Gustavo Valero, de negarse a discutir la convención colectiva, que está vencida. Dijo que esperan que en la reunión de la OIT en noviembre el TSJ sea sancionado por las denuncias interpuestas en su contra.
El presidente del organismo gremial, Luis Gálviz, aseguró que desde que se aprobó la resolución de Sala Plena de reestructuración del Poder Judicial han sido despedidos 155 trabajadores, incluidos cerca de 10 representantes sindicales.
"El Comité de Libertad Sindical de la OIT debe evaluar la queja presentada y, sobre la base de las pruebas aportadas, puede someter a sanciones económicas al país. La OIT forma parte de la ONU y Venezuela ha ratificado todos los convenios laborales", indicó.
Recordó que Morales y el presidente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Francisco Ramos Marín, han sido denunciados ante el Consejo Moral Republicano, la Fiscalía y la Contraloría, sin resultados oportunos.
"El Consejo Moral Republicano ordenó al fiscal 50° anticorrupción que hiciera una investigación por los 514 millones de bolívares viejos que fueron otorgados en crédito adicional a la DEM, pero hasta el momento no tenemos el resultado de esa investigación.
Esos dineros se manejaron como en una pulpería de pueblo.
No se administraron con criterio de pulcritud ni transparencia", dijo.
Acusó también a Ramos y al director de Recursos Humanos de la DEM, Gustavo Valero, de negarse a discutir la convención colectiva, que está vencida. Dijo que esperan que en la reunión de la OIT en noviembre el TSJ sea sancionado por las denuncias interpuestas en su contra.
