Mientras más pasa el tiempo dentro de los espacios del poder judicial pasan mas cosas; y partiendo de este punto nos preguntamos de manera reiterada y desde la lógica del gobierno del poder judicial venezolano y cada vez menos entendemos su actuación. En varias opoprtunidades dice que defiende los derechos laborales contenidos en las leyes de la República y siempre terminan en contradicción e irrespetando la ley. En reiteradas oportunidades propugna y dicese ser el adalid de la implementación de un "Estado socialista" nos imaginamos que de acuerdo y en sintonía con lo expresado con el primer mandatario nacional. Sin embargo, las prácticas implementadas por la DEM no son nada más alejado del socialismo; sus prácticas (de la DEM) no son otra cosa que el fusilamiento de conductas venidas de la "extrema derecha" practicadas todas ellas por los más conspícuos de los defensores de los gobernantes de turno de los gobiernos de AD y COPEI.
Parecía inimaginable que la construcción de figuras jurídicas con marcado acento NEOLIBERAL nacidas de gobiernos de derecha y de los ideologos del puntofijismo y la IV República, pero mantienen hoy día plena vigencia y aplicación en el SOCIALISMO del siglo XXI del TSJ y de la DEM; claro la razón es que han de hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder.
Para nosotros, los trabajadores tanto del sector público como del sector privado, no puede existir explicación alguna o construcción jurídica alguna, mucho menos juegos de palabras y de semántica o superposición de una rama del derecho por encima de otra de la misma ciencia, es decir, para justificar el despido de sindicalistas del poder judicial utilizan criterios administrativistas y lo laboral lo echan de lado. Como explicarles a éstos juristas que un "Estado socialista" lo más importante es el ser humano y los derechos a favor de los trabajadores. No entendemos como utilizan el derecho administrativo para violar derechos laborales.
Debemos entonces preguntarnos ¿La construcción de un "nuevo Estado y un nuevo hombre y por ende de la nueva sociedad" bajo esta premisa de la DEM de anteponer intereses del derecho administrativo por derechos laborales podría justificarse acaso un genocidio para que se cumpla el propósito de ese nuevo Estado y de esa nueva sociedad ?
Este hecho, a duras penas es lo que trata de explicar el gobierno del poder judicial a través de reiteradas violaciones de derechos laborales: el aniquilamiento de los derechos de los trabajadores, la desaparición del Contrato Colectivo por Contratos Individuales, la violación del derecho del trabajo, la vulneración del debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, el irrespeto a los Convenios Internacionales suscritos por la República en materia sindical y la desaparición de normas, regulaciones, conceptos y figuras jurídicas que protegen al derecho del trabajo por normas, regulaciones, conceptos y figuras jurídicas pertenecientes a otra rama del derecho. En este punto nos preguntamos ¿Como hacer para defender los indefendible? Y es que no puede existir ninguna construcción de derecho que pueda violentar esferas del derecho laboral.
Lo que reiteraremos como conducta extraña es el hecho de utilizar argumentos que se aplicaban con mucha frecuencia en la IV República para violentar derechos fundamentales laborales. El derecho al trabajo es un derecho fundamental contenido en nuestra Constitución Política, por eso es que no entendemos que los que despiden, destituyen, remueven o retiran sindicalistas del poder judicial se dicen ser socialistas, pero, más grave aún es violar derechos fundamentales.
No puede construirse "socialismo" a partir de conceptos y estructuras jurídicas de la "derecha". Si de verdad quisieran construir "socialismo" en el poder judicial deberían dejar de atropellar a los trabajadores y sus representantes y ademas convocar a los trabajadores y sus representantes a participar del proceso que fuere.
Nada ha cambiado en el poder judicial, se implementan y ejecutan criterios de la IV República para perseguir sindicalistas y violar el debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva. Menos mal que los trabajadores conocen de éstas prácticas anti-sindicales y sabrán dar sus respuestas.
