Mérida (CDS) Cada vez entendemos menos. Cada día que pasa se cometen más y más atropellos, arbitrariedades, mentiras y dilaciones para cumplir con los derechos de los trabajadores y acometer una escalada en contra de los trabajadores y sus representantes legítimos. Se hace inentendible como se abandona la esencia de la construcción de una sociedad socialista y cada vez más se plantean problemas de contradicción, cada vez más evidentes, entre el capital y el trabajo, entre la producción con métodos cada vez menos socializados y la distribución de la ganancia cada vez más privada, excluyente, injusta y desigual. La actual sociedad venezolana, especialmente la que destaca su fuerza de trabajo en el poder judicial, los trabajadores que son el motor de la administración de justicia venezolana, reciben proporcionalmente mucho menos de lo que aportan, por eso el capitalismo y el socialismo son incompatibles. Esto último se observa en el poder judicial; observamos como quienes efectúan algunos trabajos intelectuales de dirección (cuando trabajan) se apropian de la mayor parte del producto bruto del trabajo.
Ahora bien, partiendo de esta idea general de socialismo tenemos que el socialismo se construye con los trabajadores, es decir, que los trabajadores participen en la planificación, en la definición de las prioridades o en el balance de la ejecución. Seguimos sin entender como el poder judicial venezolano se inscribe en la política de desarrollo y modernización que las nuevas realidades le imponen sin la participación de los trabajadores en la realización de estas políticas. En efecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, plantea un poder judicial renovado e independiente orientado fundamentalmente a garantizar el Estado de Derecho y abrir espacios para la participación de los ciudadanos en el proceso de administración de justicia, pero dentro de nuestra casa se vulneran los derechos de los trabajadores y de sus representantes. No sabemos como es, que el fortalecimiento del poder judicial constituye uno de los pilares fundamentales para el sostenimiento de la democracia y por ende de la garantía y protección de los derechos de los ciudadanos, ni como el impulso que se de al sector judicial, permitirá establecer la efectiva e idónea administración de justicia sin que se fortalezcan hacia su interior sus organizaciones de trabajadores.
Mucho menos sabemos como se cumplirán con los preceptos constitucionales y la demanda de una mejor prestación del servicio de administración de justicia, ni como es indispensable la transformación del Poder judicial sin que exista INCLUSIÓN de los trabajadores en esa transformación. Se hace inentendible como la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) persigue la optimización de los procesos, el fortalecimiento del capital humano, la incorporación de nuevas tecnologías, la consolidación de la infraestructura y el desarrollo de una cultura organizacional, en función de prestar un servicio de calidad sin que definitivamente los trabajadores estén incorporados a estos procesos.
En efecto, la vigente Convención Colectiva establece la participación de los trabajadores en la gestión administrativa del poder judicial a través de una serie de mecanismos. Sus representantes obviamente son los sindicatos, pero, el progresivo abandono en la convocatoria, por lo menos del SUONTRAJ, para participar acordadamente de ciertos puntos que interesan a los trabajadores ha hecho que se transgredan cada día más los derechos de los trabajadores en su conjunto, es decir, del COLECTIVO.
Y para ser dramáticamente explicativos señalamos lo siguiente: durante la semana pasada se violaron todo tipo de derechos laborales en el Circuito Judicial Penal ubicado en Guarenas Estado Miranda. Acción: Despido de 10 Alguaciles. Pero allí no se detienen las vulneraciones a los derechos de los trabajadores, además de no haber explicado la DEM los pagos realizados en diciembre del año pasado y haber tenido que cerrar las mesas de conciliación instaladas para tal fin e incumplir con el contrato colectivo ahora arremeten sin compasión alguna contra representantes sindicales y curiosamente contra representantes sindicales del SUONTRAJ. El hecho: reestructuración y sin que haya mediado procedimiento alguno han prescindido de los servicios del PRESIDENTE DE LA SECCIONAL DE LOS CORTIJOS DE LOURDES del SUONTRAJ en Caracas; KENNEDY BOLÍVAR (curiosamente BOLÍVAR); por supuesto sin olvidar lo que ya anteriormente han hecho.
Aquí cabe resaltar que en la construcción del socialismo en el poder judicial el poder de los trabajadores es reprimido con la destitución de sus representantes sindicales CURIOSAMENTE DEL SUONTRAJ. La llamada CONTRALORÍA SOCIAL en este poder judicial venezolano no surte efecto alguno porque el que se atreva a ejecutarla corre el riesgo de ser DESTITUIDO.
Lo que denunciábamos hace algunos meses ya es una realidad. Vienen por nosotros, ahí vienen los cancerberos. Depende de nuestra reacción que esto continúe o no.
