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30 abril 2009

SALUDO CLASISTA EN ESTE 1º DE MAYO

 

Ha pasado ya cierto tiempo desde los sucesos de Chicago en 1886 que dieron origen al la celebración del 1º de mayo como día de conquistas laborales y reivindicaciones de derechos.

Hoy día, más que nunca rescatamos los valores de esa gesta de quienes defendieron con sus vidas derechos colectivos. En estos tiempos, cuando se impone el capital por encima del respeto al derecho al trabajo y a derechos sociales; cuando se hace más importante un objeto que derechos fundamentales y sociales rescatamos para los trabajadores la defensa a ultranza de intereses colectivos.

Nuestro ámbito de trabajo no escapa de la imposición de políticas neocapitalistas. Sólo miremos a las políticas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura implementadas el año próximo pasado. El neocapitalismo permitió que el máximo organismo de administración en el poder judicial venezolano creará hasta nuevas figuras en el “Derecho laboral” y en “Economía como estudio”. Sí, en efecto se pagó un aumento de sueldo o salario por adelantado sin que el trabajo se hubiese causado, pero además de ello, se terminó imputando a los beneficios de fin de año (2008) todas las diferencias por concepto de descuentos, esto ya lo habíamos advertido, sin embargo, el patrono se dedicó a que sus defensores empleados de la DEM se pasearan por todo el país “explicando” que eso no era así. El tiempo nos dio la razón y al ver el “chucuto” pago de diciembre solo bastó para que ratificáramos nuestra postura de diferencia con el actual patrono. 

Hoy día se presentan ante nosotros nuevas luchas que debemos afrontar. Persecuciones sindicales por ejercer la defensa de los trabajadores, amenazas a la estabilidad laboral cuando se avalan a través de resoluciones destituciones masivas desde el mismísimo TSJ, pero, lo más grave son las tácticas dilatorias de la DEM para no discutir Contrato Colectivo.

Reiteramos desde el SUONTRAJ que afrontaremos las luchas que se nos presenten. He allí una revolución que armar. Vamos a impulsar una revolución dentro del poder judicial. La Revolución de defender derechos laborales, la Revolución de hacer cumplir lo que le corresponde a los trabajadores por derecho. No una Revolución basada en quitarle a los que no tienen para llenar las arcas de los más poderosos y de quienes lo tienen todo.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TRABAJADORES UNÍOS EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS QUE NO SE NEGOCIAN NI SE TRANSIGEN ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

28 abril 2009

Sindicato judicial pronostica conflictos en los tribunales

 

Luis Gálviz anuncia que estudian ir a la OIT a denunciar persecución

La paz que en los últimos meses ha reinado en los dos mil tribunales del país podría saltar por los aires en las próximas semanas y las imágenes de las protestas de los empleados judiciales y las paralizaciones de juzgados que se vieron a mediados de 2008 podrían repetirse.


La advertencia la formuló el presidente del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj), Luis Gálviz, quien aseveró: "La coalición sindical estará evaluando en los próximos días introducir un pliego conflictivo".


El dirigente acusó a las autoridades de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) de no querer firmar una nueva convención colectiva y puso como ejemplo de ello el hecho de que el estudio de costos contenía errores, pese a que se demoraron más de un año en presentarla.
Todas las dependencias públicas deben presentar al Ministerio de Planificación y Desarrollo los cálculos que este tipo de acuerdos laborales tendrán sobre las arcas públicas para su aprobación. Sin este material este tipo de discusiones no pueden avanzar.


"Las perspectivas de discutir una convención colectiva en el sector tribunalicio en el corto plazo son poco factibles y si a eso le sumamos los anuncios de que quieren despedir personal en el marco de la reestructuración que decretó el Tribunal Supremo, de que no habrá aumento salarial este año y de que sólo pagarán 3 meses de utilidades, pues el panorama es muy sombrío", afirmó Gálviz.


Denuncia persecución

El presidente de Suontraj se sumó al coro de voces que desde los gremios viene denunciando la criminalización de los dirigentes sindicales.


"En Mérida, Carabobo, Miranda y Anzoátegui tenemos casos de compañeros que por hacer denuncias contra representantes patronales que violan la convención colectiva son amenazados con investigaciones y juicios. Nosotros hicimos un planteamiento ante la DEM sobre estas amenazas y nos reservamos el ejercicio de interponer una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) si no se resuelve la situación", alertó.
Por último, reveló que esta situación se viene registrando desde mediados de 2008, cuando estallaron los conflictos en los tribunales debido a los incumplimientos de la DEM.

Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL

DISERTACIONES DEL PRESIDENTE SECCIONAL: RICHARD DÁVILA

21 abril 2009

Privada de libertad esposa de magistrado del TSJ y otras 13 personas por Notaría paralela en Caracas

 

Entre las personas imputadas se encuentra Saab Madriz, quien es notaria pública, y los empleados de la Notaría 45, Xiomara Delgado, Ana Díaz y Jorge La Rosa.

Fueron imputadas por cinco delitos

 

Tras los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, fue privada de libertad Subgey Alejandría Saab Madriz, y otras 13 personas, por presuntamente guardar relación con una Notaría Pública paralela, que hacía las funciones de las Notarías 27° y 45° del Municipio Libertador.

En la audiencia de presentación los fiscales 53° y 57° nacionales; así como el 7° del área metropolitana de Caracas, Ana Isabel Hernández, Luis Abelardo Velásquez y Angel Monjes, respectivamente, imputaron a las 14 personas por falsa atestación de funcionario público, asociación para delinquir, peculado de uso, tráfico de influencias y corrupción impropia, previstos y sancionados en la Código Penal, Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Ley Contra la Corrupción.

Entre las personas imputadas se encuentra Saab Madriz, quien es notaria pública, y los empleados de la Notaría 45, Xiomara Delgado, Ana Díaz y Jorge La Rosa.

Igualmente, fueron imputados la notario público María Josefa Araujo Alvarenga, quien estaba al frente del segundo grupo de empleados pertenecientes a la Notaría 27°, cuya lista está integrada por Yolangel Guevara Guerrero, Arón Jesús Lagos y Larry Muñoz.

Asimismo, resultaron imputados William Camacho, Astrid López, William Dugarte, Rosa Zambrano, David Quiñonez y Oscar Yunye, quienes son empleados del bufete donde funcionaba la Notaría Pública.

El Tribunal 49?’ en funciones de Control del área metropolitana de Caracas, donde se llevó a cabo la audiencia de presentación, fijó como sitio de reclusión el Internado Judicial de la Planta, para los hombres, y las mujeres permanecerán en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), mientras el Ministerio Público presenta el acto conclusivo en el lapso reglamentario.

La investigación por este caso se inició a comienzos de la semana pasada, luego de una averiguación que solicitó la Directora General del Servicio Autónomo de Registros de Notarías, María Eugenia Urbina Arias, al Departamento de Función Pública del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalístcas (CICPC).

En vista de la situación, los fiscales del caso solicitaron una orden de allanamiento ante el Tribunal 50° de Control de Caracas, petición que fue acordada y practicada el pasado jueves, por lo que los funcionarios de la División de Función Pública del Cicpc se trasladaron hasta la Torre Cénica, en la avenida Libertador, frente a la estación del metro Chacao, donde pudo colectar evidencias de interés para la investigación.

Las detenciones se produjeron tras el allanamiento, mientras que Saab Madriz fue aprehendida el mismo jueves, luego que se presentara voluntariamente ante la sede de la policía científica.

 

Ministerio Público - Fiscalía General de la República / 21-04-2009

20 abril 2009

Empleados tribunalicios trabajan en condiciones inseguras en el CSB

 

Mérida (CDS) En un acto más de indolencia por parte de la DEM en cuanto al trato hacia los trabajadores a quienes parecen no respetar ni tenerles consideración, reproducimos para ustedes una nota periodística de El NACIONAL donde narra las condiciones de trabajo a las que están expuestos los trabajadores que fueron mudados al Centro Simón Bolívar sin proteger los mas mínimos aspectos de condiciones y medio ambiente de trabajo, aspectos éstos contenidos en la LOPCYMAT que contiene los derechos, deberes y también sanciones para los infractores de la Ley. Recordamos hoy que el SUONTRAJ fiel a la Ley denunció ante el patrono y el INPSASEL, en varias oportunidades, las condiciones en las cuales se encuentra aún la sede de pajaritos y la “nueva sede” del CSB, sin guardar las mínimas condiciones de trabajo en resguardo de la salud de los trabajadores. Una más que se anota la DEM. Y NO PASA NADA………………..

20 de Abril de 2009  | Referencia: El Nacional

Una hilera de ventiladores. Eso es lo primero que se puede observar en el largo pasillo en el que se encuentran ahora ubicados los tribunales de primera instancia en lo civil, mercantil y tránsito de Caracas, en el edificio norte del Centro Simón Bolívar.


Resulta paradójico encontrar ese tipo de electrodoméstico en una sede recién estrenada a un costo de casi 3 millones de bolívares ­según la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, en febrero pasado­ que debería contar con las mínimas condiciones laborales, entre ellas, el uso del aire acondicionado.


La apreciación va más allá de una simple percepción periodística, las irregularidades en la infraestructura de la nueva sede de los tribunales fueron certificadas por el Ministerio de Trabajo a través del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral.


El 25 de marzo pasado los inspectores del Inpsasel, Arbed Ramírez y Daysaré Zamora, determinaron que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, órgano administrador del Poder Judicial, viola la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo ­Lopcymat­ y el Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad.

 
Así lo confirmaron a través de la orden DIC09-0209, en la que afirmaron que las malas condiciones de trabajo de los empleados debían ser subsanadas en no más de 25 días.


En detalle. Entre los hallazgos más importantes del Inpsasel destaca el problema con la ventilación interna de los tribunales: "Se constató que dichas áreas de trabajo carecen de ventilación, y en puestos de trabajo específicos es deficiente, se perciben temperaturas considerables moderadas".


Se otorgó a los arquitectos e ingenieros de la obra un plazo de 7 días para que subsanaran el problema, pero obviamente los empleados siguen sometidos al calor, no sólo el de la ciudad, sino también el de los equipos de computación.


La magistrada Morales refirió en febrero, durante la apertura del año judicial, que "la obra satisface el anhelo de los actores involucrados en el servicio público de administración de justicia, en cuanto a seguridad, limpieza, mobiliarios, recursos materiales, humanos, informáticos y electrónicos".


El Inpsasel encontró hasta 3 empleados trabajando en un mismo escritorio de 1,20 metros con sillas no apropiadas, por lo que se ordenó adecuar el espacio de labores en 25 días, que también vencieron.


Uno de los lugares del edificio que más impacto causa es el comedor, un sitio provisional en donde más de 200 empleados convergen a la hora del almuerzo, y donde la inspección arrojó que "se disponen cableados eléctricos expuestos al contacto accidental de los trabajadores, falta de techo raso y de equipos para la refrigeración de alimentos".


Otra de las quejas estuvo vinculada a la materia de seguridad, pues se encontró que los empleados del archivo del tribunal "carecen de equipos de protección personal (...) contra polvo, hongos y bacterias que pudiesen generarse por la acumulación y descomposición lenta y progresiva del papel de los documentos archivados".


Sin protocolo. No es nada despreciable el informe presentado por Inpsasel, si se toma en cuenta que los tribunales civiles fueron recientemente trasladados desde su vieja sede del edificio José María Vargas por problemas de infraestructura.


Sin inauguración oficial, sin actos protocolares, sin que la presidenta del TSJ haya hecho acto de presencia, así fueron mudados 254 empleados judiciales en enero pasado. Pero no fue sino hasta el 16 de marzo en que comenzaron a despachar, luego de que la justicia civil estuvo más de 3 meses paralizada.


Ciertamente, la sede de Pajaritos era prácticamente intransitable; de hecho, ha sido declarada inhabitable en dos oportunidades por los Bomberos Metropolitanos y el Inpsasel, pero la mudanza no resolvió los problemas de infraestructura de los juzgados civiles.


Sorprende aún más que se decretara el traslado el 3 de diciembre del año pasado (resolución 2008-0059 de Sala Plena del TSJ) bajo el supuesto de que habían "sido concluidas las obras para el funcionamiento de los tribunales", cuando lo obvio es que ni siquiera está concluida la primera planta, proyectada en mayo de 2008.

19 abril 2009

Denuncian irregularidades en caso de la esposa del magistrado Dugarte

 

El abogado defensor de la esposa del magistrado Marco Dugarte, Carlos Landaeta, denunció una serie de irregularidades en el proceso de detención de Subgey Saab y negó que se tratase de un caso de notaría pública, como lo aseveró la Fiscalía.

A la esposa del magistrado del TSJ y a otras 13 personas se les acusa de guardar presuntamente relación con una Notaría Pública paralela, que hacía las funciones de las Notarías 27 y 45 del Municipio Libertador.

En declaraciones a Globovision, Landaeta aseveró que no puede existir una notaría paralela donde no existen falsificaciones y que la calificación que le ha dado el Ministerio Público al presunto delito ha sido de tipo “publicitario”.

“La documentación está inscrita, toda las labores han sido de las auténticas notarías. O hay falsificaciones notariales o no las hay, y en este caso, no las hay”, aseguró.

Denunció que desde el jueves pasado que se inició el proceso no han tenido acceso a los expedientes y que tampoco han sido informados de las calificaciones jurídicas. De la misma forma, explicó que la detención de la señora Saab se produjo a “espaldas de la ley” por cuanto este acto sólo puede realizarse por un delito in fraganti o por una orden judicial con previa petición fiscal, y que en este caso no hubo ninguna de las dos.

“Sólo hubo una llamada a la señora Saab para que fuese al Servicio Autónomo de Registro de Notarías (Saren) y luego de eso fueron enviadas al Cicpc bajo el pretexto de hacerles unas preguntas. Una vez en el Cicpc, la detienen”, indicó.

Rechazó asimismo que el Ministerio Público haya dado énfasis a la información de que la detenida era esposa de un magistrado, por cuanto la somete al “escarnio público”.

La investigación por este caso se inició a comienzos de esta semana, luego de una averiguación que solicitó la Directora General del Servicio Autónomo de Registros de Notarías, María Eugenia Urbina Arias, al Departamento de Función Pública del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalístcas.

En vista de la situación, los fiscales del caso solicitaron una orden de allanamiento ante el Tribunal 50° en funciones de Control del área metropolitana de Caracas, petición que fue acordada y practicada el pasado jueves, por lo que el Ministerio Público se trasladó hasta la Torre Cénica, en la avenida Libertador, frente a la estación del metro Chacao, donde según informó la Fiscalía de la República en un comunicado, se pudo colectar evidencias de interés para la investigación.

 

fuente: Noticias24

Ministerio Público presentará a esposa de magistrado del TSJ por notaria paralela

03:33 PM Caracas.- El domingo a las 11 de la mañana, el Ministerio Público presentará ante el Tribunal respectivo a Subgey Alejandría Saab Madriz, esposa del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Tulio Dugarte,  y a otras 13 personas, por presuntamente guardar relación con una Notaría Pública paralela, que hacía las funciones de las Notarías 27 y 45 del Municipio Libertador.


La audiencia de presentación estará a cargo de los fiscales con competencia nacional 53° y 57°, así como del 7° del área metropolitana de Caracas, Ana Isabel Hernández, Luis Abelardo Velásquez y Angel Monjes, respectivamente, quienes imputarán a estas 14 personas por presuntamente incurrir en delitos previstos y sancionados en el Código Penal, Ley Contra la Corrupción y Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, informó el Ministerio Público en nota de prensa.


Saab Madriz, quien es notaria pública, es la esposa del magistrado de la Sala Constitucional Marco Tulio Dugarte, quien durante 2006-2007 fue presidente de la DEM en una gestión cuestionada por la Sala Plena del propio TSJ, por entregar 13 contratos a dedo alegando "emergencia".
Además de Sabb Madriz, quien es notaria pública, también se encuentran detenidos los empleados de la Notaría 45, Xiomara Delgado, Ana Díaz y Jorge La Rosa.


Igualmente serán presentados María Josefa Araujo Alvarenga, notaria pública, quien estaba al frente del segundo grupo de empleados pertenecientes a la Notaría 27, cuya lista está integrada por Yolangel Guevara Guerrero, Arón Jesús Lagos y Larry Muñoz.


Asimismo serán imputados William Camacho, Astrid López, William Dugarte, Rosa Zambrano, David Quiñonez y Oscar Yunye, quienes son empleados del bufete donde funcionaba la Notaría Pública.


La investigación por este caso se inició a comienzos de esta semana, luego de una averiguación que solicitó la Directora General del Servicio Autónomo de Registros de Notarías, María Eugenia Urbina Arias, al Departamento de Función Pública del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalístcas (Cicpc).


En vista de la situación, los fiscales del caso solicitaron una orden de allanamiento ante el Tribunal 50° en funciones de Control del área metropolitana de Caracas, petición que fue acordada y practicada el pasado jueves, por lo que el Ministerio Público se trasladó hasta la Torre Cénica, en la avenida Libertador, frente a la estación del metro Chacao, donde pudo colectar evidencias de interés para la investigación.


Las detenciones se produjeron tras el allanamiento, mientras que Saab Madriz fue aprehendida el mismo jueves, luego que se presentara voluntariamente ante la sede de la policía científica.

 

fuente: EL UNIVERSAL

13 abril 2009

Detienen a fiscal de Guárico por presunto hecho de corrupción

 

A solicitud del Ministerio Público, este lunes fue detenido el fiscal 22 auxiliar del estado Guárico, José Daniel Castillo Carrasquel, por su presunta vinculación con hechos irregulares cometidos recientemente, en perjuicio de un ciudadano, a quien presuntamente le estaba cobrando para “limpiarle” el expediente de una camioneta de su propiedad.

La orden de aprehensión fue solicitada por los fiscales 65° nacional y el 17° de la referida jurisdicción, María Teresa Córtez y Justo Flores, respectivamente, el pasado 8 de abril, ante el Tribunal 5° de Guárico, tras concluir que el fiscal auxiliar, adscrito a la fiscalía 22, presuntamente podría estar incurso en un delito previsto y sancionado en el artículo 79 de la Ley Contra la Corrupción.

El pasado 17 de marzo, funcionarios adscritos al Comando de Tránsito de San Juan de Los Morros, retuvieron una camioneta Ford, modelo Bronco, propiedad del ciudadano que realizó la denuncia, por presuntamente estar solicitada.

Dos días después, es decir, el 19 de marzo la víctima se habría comunicado con el fiscal auxiliar, quien concertó una cita para el mismo día. Durante la conversación el funcionario, al parecer, le solicitó la cantidad de 2 mil bolívares fuertes, a cambio de “limpiar” el expediente de la camioneta, para no tener que imputarlo e incluso evitar que fuera detenido.

De acuerdo con la investigación, al paso de los días, el funcionario continuó llamando a la víctima, por lo que éste decidió colocar la denuncia ante el Ministerio Público el pasado 27 de marzo.

El 7 de abril, los fiscales del caso solicitaron al Tribunal 4° de Control del estado Guárico, la autorización para interceptar y grabar las llamadas que hacía el funcionario a la víctima, elemento que sirvió para solicitar la orden de aprehensión el 8 de abril.

fuente: www.ministeriopublico.gob.ve

12 abril 2009

LA REVOLUCION JUDICIAL ES HOMOLOGAR EL SALARIO DEL PODER JUDICIAL AL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Por: Richard Dávila

Presidente de la seccional Mérida del Suontraj

Y quienes lean este artículo de opinión se preguntarán ¿ bueno será que Richard en contra del proceso o el imperio le tocó? y es que a nadie se le ocurre que el administrador de justicia para llegar a ser abogado de la República pasó 5 años en la UNIVERSIDAD y luego pagó unos cuantos postgrados tanto dentro del país como fuera, tesis de grado, maestrías, doctorados,  desvelos y transnochos, hambre, su carrera Judicial, etc., es de considerar que nada de esto fue de GRATIS, hicieron  un esfuerzo para lograr y llegar a estos niveles, tanto es así que actualmente muchos jueces viajan a España hacer post-grados y otros viajan a Italia y duran 4 y 5 años y más, a veces sin que por parte del estado venezolano otorgue algún tipo de beca, por eso mismo se leen los currículum y su trayectoria y preparación en todos los actos oficiales; claro está no porque es un lujo, es por un esfuerzo de años, sin contar aquellos magistrados que se cultivan en enormes bibliotecas de libros que no los regalan en la esquina caliente y que sus autores y grandes estudiosos del derecho, nada ha sido gratis, no es lo mismo una carrera política en avance con 6to. grado y llegar a ser diputado y pegar cuatro gritos en el parlamento, si es cierto sin herir nadie, el magistrado de la República tiene nada mas y nada menos la responsabilidad de administrar justicia en una nación y que para poder hacerlo debe estar bien remunerado y asistido como para que las fauces de la corrupción no lo sean tocados.

Ahora bien, no es lo mismo tener hombres de leyes preparados y bien hablados y con gran diversidad y pluralidad de ideas que lanzar una sola línea política diciendo que no sirven pero que vayan y “salven al mundo”  recuerdo, en este momento, el caso de Gaitán en Colombia( Jorge Eliécer Gaitan líder político colombiano) un hombre sumamente preparado y estudioso del derecho no porque lo aprendió en los rincones de la selva colombiana o a pescozones, fue uno de lideres a punto de formar una verdadera revolución colombiana en su época truncada y asesinado.

Pero me refiero a él por cuanto este insigne luchador social creía en sus principios sociales, sus estudios de leyes y derecho romano fue a roma, postulado como profesor allá para su momento luego de estudiar ahí mismo, quiero decir que no se trata de elites no. Lo que pedimos es que no se puede desmejorar la calidad judicial, y estamos sintiendo que es así; hay que fortalecerla tomando en consideración la calidad de los trabajadores judiciales en sus “mejoras reivindicativas sociales”, llevándolas al nivel de los mismos trabajadores del Tribunal Supremo de Justicia lo que estamos buscando es la igualdad de la sociedad y mejorar los sueldos de los trabajadores del poder judicial venezolano es una verdadera “Revolución” homologando sus sueldos con los empleados al servicio del TSJ eso si sería en verdad una “reestructuración profunda” no aquella devenida al pretender hacer una razia sin la participación y al margen de los trabajadores y de sus sindicatos, fíjense que un alguacil del TSJ gana 15 veces el sueldo que un alguacil de 1ra. instancia civil o penal, y así sucesivamente con los secretarios y asistentes, estamos en plena revolución judicial apliquemos la equidad con los sueldos y salarios pero no para bajar aquellos correspondientes al poder judicial sino equiparando los salarios con los del TSJ “la cuna del cielo” así todos los judiciales tendrían mejores condiciones de vida,  esta seria la verdadera Reestructuración del Poder Judicial venezolano , buscando la justicia social dentro del poder judicial para luego poder llevarla afuera del poder judicial y empiecen por dar una “justa remuneración salarial”.

08 abril 2009

TSJ sin potestad para revisar sanciones impuestas a jueces


07 de Abril de 2009 Referencia: El Universal
Aunque la Constitución, en su artículo 267, establece que al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le corresponde la "vigilancia de los tribunales de la República", esta tarea podría complicársele al máximo juzgado de aprobar la Asamblea Nacional el proyecto de Código de Ética del Juez, tal y como está redactado. El borrador, en su norma 40, establece: "Los órganos que en ejercicio de la jurisdicción tienen la competencia disciplinaria sobre los jueces de la República son el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, los cuales conocerán y aplicarán en primera y en segunda instancia respectivamente los procedimientos disciplinarios por infracción a los principios y deberes contenidos en este Código". Sin embargo, en los restantes 87 artículos que componen el texto no se hace ninguna mención al rol que jugará el organismo rector del Poder Judicial en materia de faltas cometidas por los árbitros. En la actualidad, las decisiones que adopta la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, órgano creado en 1999 por la Asamblea Nacional Constituyente para procesar provisoriamente a los jueces, se pueden recurrir ante la Sala Político Administrativa del TSJ. En contraposición, el proyecto de Código que en 2001 presentó el Supremo establecía que en ese organismo se iba a crear una Sala Especial Disciplinaria, la cual revisaría las decisiones adoptadas por los juzgados disciplinarios. Dicha instancia estaría conformada por un magistrado de cada una de las salas que conforman a la alta instancia judicial. Seis para miles El borrador, que la semana pasada aprobó el Parlamento en primera discusión, sólo establece dos despachos y no menciona si el TSJ puede crear otros adicionales. Los tres miembros que tendrá el Tribunal y los tres que tendrá la Corte deberán conocer no sólo las causas que se inicien contra los más de dos mil jueces que en la actualidad hay en el país, sino que también podrán procesar a los más de 600 defensores públicos, más de 700 fiscales; y a los miles de policías, funcionarios judiciales, abogados y ciudadanos que acuden a los juzgados. Como ya reseñó este diario, en su edición del viernes pasado, los despachos que crea el proyecto de Código faculta a los futuros jueces disciplinarios a procesar a los demás intervinientes en la administración de justicia, de acuerdo con lo que establece en sus artículos 1 y 39. Por su parte, en la propuesta elaborada por el TSJ contemplaba la creación de tres despachos: Uno para la región central, con sede en Caracas y que tendría jurisdicción sobre el Distrito Capital y los estados Vargas, Miranda, Aragua y Carabobo; otro para oriente, con sede en Barcelona y jurisdicción en Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Delta Amacuro, Bolívar, Monagas, Apure, Amazonas y Guárico; y, por último, otro para el occidente, con sede en la ciudad de Barquisimeto y ámbito de acción en Zulia, Lara, Portuguesa, Cojedes, Yaracuy, Falcón, Trujillo, Mérida, Táchira y Barinas. El texto antes mencionado también autorizaba a la Sala Plena del Supremo a modificar la composición de las regiones y a dictar el reglamento de funcionamiento de los juzgados disciplinarios. Conociendo la propuesta En el Poder Judicial ya se iniciaron jornadas para conocer el proyecto de Código. El viernes de la semana pasada, por ejemplo, en los tribunales laborales de Caracas no hubo despacho precisamente para permitirle a los jueces y demás funcionarios acudir a unas conferencias sobre el instrumento, el cual entre otras cosas establece que los encargados de los despachos disciplinarios serán escogidos por los miembros de los consejos comunales. Una circular, publicada a la entrada de los despachos ubicados en la Torre Latino de la avenida Urdaneta, daba cuenta de la actividad.
fuente: entorno inteligente