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30 diciembre 2009

MAGISTRADOS DEL TSJ RECIBEN DE REGALO EL JUEGO “ACCESO A LA JUSTICIA”

 

Mérida (CDS) Mientras los trabajadores judiciales de Venezuela claman porque les paguen las deudas pendientes que les corresponden como es los aguinaldos dejados de cancelar en tiempo oportuno por parte de la DEM en el TSJ parece que lo más importante es divertirse con juegos de mesa. En esta nota producida por Noticias24 observamos como se invierten los reales desde el TSJ. ¡¡¡CON RAZÓN NO LES PAGAN A LOS JUDICIALES VENEZOLANOS LO QUE LES CORRESPONDE ¡¡¡

 

Los 32 magistrados del TSJ han recibido un juego de mesa y un videojuego muy particular. Se trata de uno que tiene como objetivo contestar la mayor cantidad de preguntas vinculadas al Poder Judicial, la historia del TSJ y el sistema de justicia.

Este es el reporte que nos ofrece El Nacional:

La directiva del TSJ, presidida por Luisa Estella Morales, obsequió a cada uno de los 32 magistrados de esa instancia, a los secretarios, secretarios de sala, abogados y conjueces el primer ejemplar del juego “Acceso a la Justicia”.

Se trata de un juego de mesa y un videojuego cuyo objetivo es contestar la mayor cantidad de preguntas vinculadas al Poder Judicial, la historia del TSJ y el sistema de justicia.

El juego de mesa consta de un tablero tipo monopolio con dados, piezas de colores y tarjetas en las que se leen cuestionamientos que de no ser respondidos acertadamente le pueden costar al competidor retroceder varios espacios.

El ganador es aquel que conteste más rápido y de manera correcta las preguntas y llegue hasta el objetivo final donde una águila blanca, vestida de magistrada y con el pico pintado de rojo, recibe al participante para decirle que ha logrado tener “Acceso a la Justicia”.

De acuerdo con informaciones que trascendieron la semana pasada en la máxima instancia judicial, la magistrada Morales hizo la presentación de los pasatiempos en la última Sala Plena de este año.

En esa reunión le manifestó a sus colegas que aunque el emblema principal del juego es el ave blanca, en principio se había pensado que sería un búho (signo de sabiduría), pero que se decidieron por el águila porque “águila no caza moscas”, habría dicho Morales.

En total fueron 150 juegos los que se repartieron discretamente en el TSJ, que además tiene un DVD en el que el águila blanca vestida de magistrada hace un recorrido por la sede del TSJ mientras explica su historia, que incluye la de la infraestructura y sus murales.

El otro DVD contiene un juego poco relacionado con el Poder Judicial ya que es un entretenimiento bélico en el que se dispara a varias naves como en antiguos videojuegos tipo Atari.

Morales anunció a los magistrados que el juego es del Departamento de Informática del TSJ, pero en la caja se lee que fue elaborado por Producción Audiovisual Razmataz, que según el registro nacional de contratistas sólo tiene tres empleados y tiene su sede en Los Dos Caminos de Caracas.

La mayoría de los empleados del TSJ que recibieron el tablero consideran que es una “iniciativa divertida”, pero varios de los consultados la critican porque se desconoce de dónde salieron los recursos para costearla.

Vanessa Gómez Quiróz
El Nacional

25 diciembre 2009

BRASIL: MENSAJE DE FENAJUD

Hola amigos venezolanos del SUONTRAJ,
El FENAJUD - Federación Nacional de los Trabajadores Judiciales de los Estados Brasileños - venido siguiendo con preocupación las relaciones de las negociaciones - o su ausencia - del Consejo de la Judicatura y de los trabajadores judiciales en ese país.
Un país que se dice socialista como Venezuela no puede permitir que los derechos de los trabajadores no son respetados, especialmente cuando esos derechos son el resultado de la negociación colectiva.
El persecución de los dirigentes sindicales en el siglo XXI no es coherente con el estado de derecho democrático que predicamos y deseamos para nuestro pueblo latinoamericano.
La negación de los empleados del Estado es la negación del propio Estado. Por lo tanto, el desconocimiento del trabajador es faltar el respeto del propio Poder Judicial.
Presentamos nuestras sinceras felicitaciones y el deseo de victoria contra las persecuciones que están siendo objeto los dirigentes sindicales del gremio SUONTRAJ.
Fuerte Abrazo,
JOSAFÁ RAMOS - Director Ejecutivo de la FENAJUD

Trabajadores de los tribunales aún esperan pago de fin de año

Valencia, diciembre 23 (REDACTA).- Mil 200 trabajadores de los tribunales carabobeños aún esperan por la cancelación de su Bonificación Especial de Fin de Año, de los cuales sólo les han pagado 32 de los 132 días prometidos por los patronos.
Gilberto Ojeda, presidente del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia seccional Carabobo, indicó que hace 15 días fueron cancelados estos 32 días de bonificación, lo que ha creado preocupación entre los trabajadores.
“Esto repercute en el hecho de que hoy es 23 de diciembre y algunos trabajadores tribunalicios no han recibido los 100 días que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura se comprometió a cancelar antes del 20 de diciembre”, puntualizó.
El presidente de Sountraj aseguró que a este sector de la justicia ha sido “golpeado” por el patrono (DEM), ya que no han recibido aumento salarial en este año, ni por convención colectiva ni por el decreto presidencial, y pago de fideicomiso desde el 2007.
Ojeda comentó que los trabajadores no podrán tomar acciones debido a que las autoridades, tanto de Carabobo como de Caracas se encuentran en receso judicial “de allí la angustia, porque no tenemos a quién acudir para que dé una respuesta”. (YT)

fuente: diario el carabobeño

23 diciembre 2009

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA DEUDA DE LOS 100 DÍAS SIN CANCELAR

Mérida (CDS) Los informantes del SUONTRAJ nos señalan que la DEM giró instrucciones y lineamientos para cancelar la deuda de sólo 52 días de los 100 días por concepto de aguinaldos (gratificación especial de fin de año). Tal concepto lo cancelarán entre el 28 y el 30 de diciembre.

De ser cierta esta información que nos dan estaríamos en presencia del top ten de vulneraciones del 2009 de la DEM y que hemos venido señalando. Es falso que pagarían los 132 días que le corresponden a los trabajadores judiciales. Acudimos en silencio a la muerte de un derecho adquirido desde el año 2003.

Es falso, de ser cierta esta información,  que dicho concepto estaba “presupuestado” como lo señaló la Presidenta del TSJ en octubre de2009  y todo lo que hicieron desde la DEM y las altas autoridades del poder judicial fue una táctica para que los trabajadores, tal y como lo hicieron a finales de 2008, reclamaran lo que les corresponde.

Es triste saber que tenemos la razón y más pronto que tarde estaremos acudiendo a la pérdida progresiva de derechos y reivindicaciones conquistados por los trabajadores judiciales y el sindicato a través de luchas y la existencia de la I y la II Convención Colectiva de Empleados Judiciales y como quiera que la DEM se niega a discutir la III Convención Colectiva estaremos también en presencia de la pérdida de condiciones de trabajo en el poder judicial.

Con el duro golpe asestado al SUONTRAJ y al SUNEP-JUDICATURA al despedir a sies (6) de sus directivos y con la plena existencia de sindicatos de protección patronal; No nos queda ninguna duda que el plan en el poder judicial es “despedir” al detal a los judiciales venezolano por el más mínimo detalle.

Todo ello ocurrirá, si los judiciales venezolanos lo permiten.

21 diciembre 2009

10 de diciembre: Día Internacional de los derechos humanos

En Diciembre de 1948, habiendo emergido recientemente de los horrores y atrocidades de una Guerra Mundial en la que decenas de millones de personas perdieron sus vidas, los Estados Parte de las Naciones Unidas adoptaron 30 derechos fundamentales y los consagraron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Este documento histórico ha inspirado a más de 60 instrumentos internacionales de derechos humanos que juntos forman el estándar internacional de los derechos Humanos. Su plena implementación constituye un compromiso a los principios de la paz, justicia y comprensión internacional.

La promoción y protección de los derechos humanos ha sido una de las mayores preocupaciones para las Naciones Unidas.  En la Declaración Universal de los Derechos del Humanos, la Asamblea General expresó que el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana "son los fundamentos para la libertad, justicia y paz en el mundo". En 1950 la Asamblea General invitó a todos los Estados miembros y a las organizaciones interesadas a que observaran el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos (resolución 423(V)).

Con éste Día se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General en 1948. Con el transcurso del tiempo, se han desarrollado un conjunto de instrumentos y mecanismos adoptados para asegurar la primacía de los derechos humanos y para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos dondequiera que ocurran.

Por otro lado asistimos a una nueva crisis mundial producto de la adopción políticas que se centraron en la ganancia de unos pocos y en la alta concentración de la riqueza, mientras millones de seres humanos quedaron fuera de los beneficios generados por la explotación del trabajo y el aprovechamiento de los bienes naturales del planeta. Esta situación nos coloca muy lejos del ideal de realización de todos los derechos humanos.

Todavía nos falta mucho por hacer por alcanzar el ideal de plasmado en la Declaración de 1948, principalmente en las Américas dónde tenemos muchos problemas vinculados al no cumplimiento de los derechos humanos, la violencia impunidad, amenazas, etc.

Llegamos al fin de año con varios sindicalistas amenazados, asesinados como también con las libertades sindicales restringidas en varios de nuestros países. También seguimos con la problemática en Honduras que amenaza a nuestra región. En ese día, llamamos a nuestras afiliadas y a todo el movimiento sindical de las Américas a cada día más luchar por los derechos humanos.

Compartimos los principales artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vinculados a la acción del movimiento sindical:

Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

20 diciembre 2009

LAS NAVIDADES CHUCUTAS DE LOS TRABAJADORES JUDICIALES VENEZOLANOS

Mérida (CDS) Prometieron y anunciaron desde la actual gestión de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura cumplir con todos los derechos que le corresponden a los trabajadores judiciales, beneficios contractuales, pago de aguinaldos o beneficio de fin de año (incumplido), pago de los 132 días adicionales (incumplido), pago de la incidencia del aumento salarial de 2008 (incumplido), pago de la incidencia del aumento salarial del aguinaldo de 2008 (incumplido), aumento salarial 2009 (incumplido), pago de la cláusula 56 de la vigente convención colectiva (incumplido) este es el saldo en “rojo” de la DEM para el año 2009.

Todo se quedó en falsas promesas incumplidas. Hasta la Presidenta del Tribunal de Supremo de Justicia anunció con bombos y platillos sobre el pago de los 132 días adicionales que “eso está presupuestado” (declaraciones a EL UNIVERSAL de fecha 18 de octubre de 2009)

Apostamos y no perdemos que las altas autoridades de la DEM y del poder judicial cobraron y se les cancelaron todos los conceptos por pago de aguinaldos; ya que como dichos funcionarios tienen unos SUPER-SUELDOS que les permiten vivir holgadamente los mismos si tendrán unas felices navidades en contraste con los judiciales venezolanos que están haciendo “maromas” para darles a sus hijos y a su grupo familiar unas navidades DIGNAS.

Este año está en veremos las tradicionales hallacas, pan de jamón, ensalada de gallina, el tradicional plato navideño pues, y ni que decir de los regalos de los niños debido a que la DEM cree que con el miserable monto que otorgó en cesta-ticket por niño se puede adquirir regalos DIGNOS para los hijos de los tribunalicios venezolanos.

Recordemos que todo ser humano tiene derecho a la DIGNIDAD que no es otra cosa que “El que tiene todo hombre para que se le reconozca como ser dotado de un fin propio, y no cual simple medio para fines de otro” (Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, pp 102).

Vemos con tristeza como los empleadores del poder judicial venezolano tienen arrodillados a sus empleados judiciales sin cumplirles con derechos adquiridos y conquistados.

Señores de la DEM y del poder judicial: Los judiciales venezolanos son ejemplo para el mundo de integridad, capacidad y competencia para el trabajo, así como ejemplo de aguante y resignación; mientras ustedes los someten y esclavizan; cúmplanles y NO LES DIGAN MÁS MENTIRAS PÚBLICAMENTE porque la lealtad, la confianza y la credibilidad del poder judicial cuando ni siquiera les cumplen a sus empleados está comprometida y en riesgo y es por cosas como éstas que los justiciables no confían en la Administración de Justicia.

Para que exista un servicio público que funcione adecuadamente lo primero que se debe hacer es atender a sus empleados ¡¡¡

Pero bueno, que se puede esperar de la DEM que no reconoce en lo mas mínimo las solicitudes que hace el SUONTRAJ; se niega a pagarle a los sindicalistas botados los aguinaldos así hayan cumplido con el deber de consignar la declaración jurada de patrimonio, esto es lo que les espera a los judiciales venezolanos ¡¡¡

Señores de la DEM: Les exhortamos por enésima vez a cumplir con los pagos pendientes que les deben a los trabajadores no se burlen más de sus empleados, eso no se hace en el socialismo ¡¡¡

 

17 diciembre 2009

CONTRALORÍA SOCIAL EN EL PODER JUDICIAL

En reiteradas oportunidades la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en diversos discursos dados con motivo de la apertura del año judicial ha dejado claramente establecido y ha señalado la necesidad del ejercicio de la CONTRALORÍA SOCIAL dentro de la institución.

El SUONTRAJ mucho antes de los discursos de este funcionario y desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999; practica la CONTRALORÍA SOCIAL en en poder judicial, tanto en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional, tanto regional como nacionalmente, sólo basta recordar las denuncias que realizó el sindicato con motivo de la adquisición de sedes judiciales; la sede de Metro Olimpo y la de ciudad Lebrun durante la gestión del ex-magistrado Velásquez Alvaray.

Recientemente, el ejercicio de la CONTRALORÍA SOCIAL en dependencias del poder judicial versó sobre las presuntas irregularidades en el manejo administrativo de los recursos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y las denuncias fueron realizadas en todos los organos competentes para tal fin, con las nefastas consecuencias del despido de seis (06) dirigentes seccionales y nacionales del SUONTRAJ.

Hoy día, en el libérrimo ejercicio de la CONTRALORÍA SOCIAL por mandato del artículo 62 de la Constitución Nacional, nuevamente señalamos como desde la Dirección General de Recursos Humanos de la DEM se prohibieron las Asambleas de Trabajadores conforme a Circular No. 107.0709 de fecha 28 de julio de 2009 y enviada con la premura del caso en fecha 29 de julio de 2009 por el Director Administrativo Regional del Estado Mérida para la fecha abg. Narciso Romero Ruiz mediante oficio No. MRD-DSP-174-2009; en donde la Dirección General de Recursos Humanos a cargo para la fecha del abg. Gustavo Valero Rodríguez señalaba que “…por ser la justicia materia de orden público, con rango constitucional, deben las organizaciones sindicales “solicitar autorización especificando los detalles para efectuar las Asambleas” para tratar asuntos que sólo competen a los trabajadores judiciales, convirtiéndose esta Circular en el inicio de una ola de sucesivas violaciones a la LIBERTAD SINDICAL en el poder judicial.

En este sentido, desde el SUONTRAJ seccional Mérida nos preguntamos las razones por las cuales, siendo que como lo señala la referida Circular No. 107.0709 que “Se informa que por ser la justicia materia de orden público, con rango constitucional y por tener la DEM entre sus funciones ser garante del derecho que tienen las personas, venezolanos y extranjeros que se encuentran en el territorio nacional…” como es que ante el inminente racionamiento de energía eléctrica al cual es sometido a diario el estado Mérida y por ende las dependencias del poder judicial, tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional y siendo que dicho racionamiento de energía eléctrica afecta a la “justicia que es materia de orden público, con rango constitucional y por ende el derecho que tienen las personas, venezolanos y extranjeros que se encuentran en el territorio nacional” de tener acceso a la justicia debido a que ni en el Circuito Judicial Penal del Estado Mérida ni en las demás dependencias del poder judicial, tanto en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional, cuentan con una planta de energía eléctrica que pueda suplir los constantes apagones y en consecuencia la falta de energía eléctrica en dependencias del poder judicial, tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional, poniendo de esta manera en riesgo con esta situación no sólo bienes nacionales (servidores y computadoras) sino los postulados constitucionales de acceso a la justicia ya que cuando no hay energía eléctrica en espacios del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida no hay entonces sistema JURIS por lo que entonces el acceso a la justicia y la administración de justicia se “paraliza” tanto en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional, poniendo en estado de indefensión a los justiciables, es decir. a  personas, venezolanos y extranjeros que se encuentran en el territorio nacional que acuden a los tribunales en búsqueda de justicia así como al personal administrativo que entonces lo tienen sin hacer nada por falta de energía eléctrica con el consecuente deterioro del equipo informático.

El SUONTRAJ seccional Mérida no termina de entender como es que esta situación, que tiene varios meses profundizándose, no haya existido hasta el momento solución alguna. La única respuesta a esta situación es que la DEM se ocupa más de prohibir asambleas de trabajadores, violar derechos sindicales, violar Convenios Internacionales como el 87 y el 98 OIT, incumplir con acuerdos suscritos entre el patrono y los trabajadores, violar la Convención Colectiva y resistirse a discutir un contrato nuevo, incumplir con aumento de salario, fideicomiso y derechos adquiridos como el pago de los 132 días que aunque lo anunciaron con bombos y platillos y desde la misma presidencia del TSJ hasta hoy día no se ha cancelado.

Desde la seccional Mérida exigimos que se solvente la situación de falta de energía eléctrica en dependencias del poder judicial, tanto en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional, para tratar entonces de cumplir con el postulado constitucional de acceso a la justicia que es materia de orden público por lo que de no solventarse esta situación de vieja data estaríamos en presencia de obstrucciones fútiles e innecesarias en la administración de justicia venezolana y sin que el organismo que tienen asignadas tales funciones de preservar este derecho de las personas haga nada al respecto.

16 diciembre 2009

LA DEM NO DA RESPUESTA NI SIQUIERA A UNA PICHE SOLICITUD

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Mérida (CDS) En fecha 19 de noviembre de 2009 el cro. secretario de organización seccional y secretario de cultura y formación nacional envió esta solicitud  a la DAR Mérida. Hasta el día de hoy no han respondido. Es típico en este patrono NO RESPONDER o hacerse los locos como si no pasará nada ¡¡¡

En el TSJ garantizan aguinaldos completos

Mérida (CDS) La siguiente nota corresponde a declaraciones de la Presidenta del TSJ de fecha 18 de octubre de 2009 donde señala que pagarían los 132 días. Sin embargo, en contraste a sus declaraciones hasta hoy día miércoles 16 de diciembre de 2009 sólo han cancelado 32 días de esos 132 días que les corresponde a los trabajadores. Nosotros nos preguntamos ¿Quien dice la verdad y quien dice la mentira? ¿ Porque tanta saña y odio en contra de los trabajadores judiciales? ¿ Cuál es la razón de no querer dejar a los judiciales venezolanos disfrutar de unas navidades normales?
Morales afirma que pagarán el bono como "siempre lo han hecho"

"El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le va a cumplir a sus trabajadores como siempre lo ha hecho". Estas fueron las palabras que utilizó la presidenta del máximo juzgado, magistrada Luisa Estella Morales, cuando se le interrogó sobre la exigencia de los sindicatos judiciales para que este año les cancelen, además de los tres meses de aguinaldo previstos en la ley, los 132 días adicionales que desde el año 2003 vienen percibiendo.
La máxima autoridad del organismo rector del Poder Judicial informó que en la actualidad se encuentran haciendo los trámites necesarios para realizar los pagos. Respecto a si el TSJ cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a este compromiso, Morales señaló: "Eso está presupuestado". El pasado 9 de octubre el presidente del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj), Luis Gálviz, formuló la demanda por medio de una comunicación dirigida al director de la Magistratura, Francisco Ramos. En lo que va de 2009 la discusión sobre la contratación colectiva no ha avanzado y los cerca de 20 mil trabajadores judiciales no han recibido ningún tipo de incremento salarial ni bonificación.

Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL

14 diciembre 2009

ALGUACILES DE PALACIO DE JUSTICIA SE PRONUNCIAN ENTORNO A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE RAFAEL RONDÓN Y CARLOS LOTUFFO

ALGUACILES DE PALACIO DE JUSTICIA BENEFICIADOS CON MEDIDA SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Niegan complicidad de alguaciles en la fuga de Eligio Cedeño

ND.- Edgar Manrique, alguacil del Palacio de Justicia, informó que es falso que dos de sus compañeros, detenidos por el caso de liberación del banquero Eligio Cedeño, hayan colaborado a la fuga del detenido.

Explicó que Rafael Rondón y Carlos Latufo estaban cumpliendo sus funciones de acuerdo con la decisión que tomara la jueza María Lourdes Afiuni Mora, que -según Marique- sí emitió la boleta de excarcelación.

“La boleta estuvo presente, cómo pueden hablar de evasión, si había una orden de la jueza”. “La labor de un alguacil no es tomar decisiones, sino cumplirlas”, dijo.

Asímismo, aseguró que en el caso de Eligio Cedeño el acusado siempre se encontraba acompañado de un Disip, a pesar, que la labor de custodia recae en los alguaciles. “Donde estaba el funcionario de la Disip en el momento de liberación, sino se separaban de él, cómo lo dejaron ir”.

Informó que están esperando una audiencia con el magistrado Eladio Aponte para que les explique entonces cómo deben trabajar los alguaciles. Igualmente, dijo que están manifestando el descontento por la detención de sus compañeros y que quieren limpiar la imagen de los alguaciles.

Finalmente, dijo que responsabilizan al Presidente de la República de la seguridad de sus compañeros, ya que fueron trasladados “inmediatamente” al centro penitenciario de Yare III. “Para trasladar a un detenido duran hasta tres meses y a los muchachos se los llevaron ahí mismo”, aseguró.

13 diciembre 2009

COMUNICADO. CASO ALGUACILES RAFAEL RONDÓN Y CARLOS LOTUFFO.

El Comité Directivo Seccional de SUONTRAJ del Estado Mérida, ante la privación de libertad personal de la cual han sido objeto los compañeros alguaciles RAFAEL RONDÓN y CARLOS LOTUFFO del Palacio de Justicia, por la presunta comisión de hechos punibles; por cuanto el Tribunal 31º de control a cargo de la Juez Maria Lourdes Afiuni Mora decidió otorgarle libertad al banquero Eligio Cedeño, haciendo uso del principio fundamental de separación y autonomía de poderes vigente aún en Venezuela, el SUONTRAJ seccional Mérida hace las siguientes consideraciones:

Los Alguaciles son personal SUBALTERNO adscritos a un Circuito Judicial los cuales reciben órdenes de jefes o superiores inmediatos, a saber: de un Alguacil Jefe, Coordinador de Alguacilazgo, figura esta que es quien asume la dirección y coordinación de todo el cuerpo de alguacilazgo asignándoles funciones y supervisando las mismas. Igualmente la coordinación de alguacilazgo a cargo del alguacil jefe recibe órdenes de la Presidencia del Circuito que está a cargo de un Juez o Jueza que asume la coordinación y dirección de las funciones administrativas y de personal del circuito judicial penal a su cargo.

El Alguacil es un empleado altamente calificado que tiene bien definidas sus funciones. Junto al Juez/a y al Secretario/a conforma el Tribunal. Es este funcionario quien realiza las citaciones y las notificaciones; realiza funciones de policía administrativa dentro de la sede del Tribunal; es el vigilante del buen orden dentro del mismo además de ejecutar el contenido del Artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y aquellas contenidas en el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico Procesal Penal. Con las actuaciones de este funcionario la acción, la pretensión y la demanda empieza a transitar el proceso y se da cumplimiento al artículo 26 constitucional. En efecto, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), se creó por mandato de su artículo 539, la institución del ALGUACILAZGO, en el caso de los Alguaciles de los Circuitos Judiciales Penales del país. El Servicio de Alguacilazgo, es una Institución, con atribuciones específicas, en todo lo que respecta el Proceso Penal Venezolano, se observa que el Alguacilazgo, ya no es visto en sentido individual, sino como institución que presupone un cuerpo colectivo. En el caso de los Alguaciles de tribunales unipersonales una de sus tareas más importantes es la de garantizar la seguridad del Tribunal.

De lo dicho, nace la carrera profesional de ALGUACIL, con características particulares propias; pues, no se debe olvidar, que en vigencia el Código de Enjuiciamiento Criminal, la estructura de los tribunales penales, permitía que por cada tribunal existiera al menos un Alguacil asignado; ahora es totalmente distinto, existe hoy en día un ALGUACILAZGO, con su estructura interna propia, y bajo la supervisión directa de un Coordinador o Jefe de Alguacilazgo, y con funciones asignadas como institución como dijéramos anteriormente.

Ahora bien, siendo que nuestra Constitución Nacional extiende el Debido Proceso a todas las actuaciones judiciales y administrativas, no cabe duda, que el derecho a la presunción de inocencia exige que las autoridades encargadas de sustanciar y decidir un procedimiento sancionatorio, no prejuzguen sobre la responsabilidad del sujeto investigado antes de adoptar la decisión que ponga fin al procedimiento. Así lo determina el artículo 49.2 constitucional que señala que “toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”

Como sabemos la Constitución moderna se concibe como la forma organizada de la sociedad que refleja el consenso valorativo que la comunidad se ha dado y conforme a la cual pretende se ejerza el poder.

En Venezuela la legitimidad del poder reside en el pueblo (Art. 5 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, en lo que sigue CBV). Fué el pueblo, esto es la mayoría de los ciudadanos, quienes configuraron el modelo político que refleja el ordenamiento constitucional (Preámbulo de la CBV). Este modelo tiene su fundamento en el conjunto de libertades que, desde mediados del siglo XVIII, se vienen desarrollando en los países desarrollados o en vías de desarrollo. Por ello la finalidad de la Constitución Venezolana, en esencia, es salvaguardar la libertad de la sociedad y de cada uno de los ciudadanos que la conforman.

Ciertamente que la Constitución, analizada desde una perspectiva funcional –como aquí se hace-, tiene otras funciones, pero tanto su estructura organizativa (la división de los poderes y su funcionamiento interno) como el reconocimiento que hace de las libertades ciudadanas (Derechos y Garantías Constitucionales), tiene la finalidad de proteger la libertad y autonomía del ciudadano en los distintos ámbitos donde desarrolla su personalidad como individuo o ser social.

Como se observa el discurso aquí brevemente esbozado se inscribe en la eterna tensión existente entre el poder y la libertad. El poder representado en el Estado, siempre dirigido por seres humanos o grupos políticos de personas, se encuentra en una situación de superioridad frente al ciudadano común. Ello es notorio y desde hace tiempo reconocido por la sociedad, como lo demuestran los hechos históricos que han derivado en los sistemas políticos modernos donde el acento es en limitar la actividad y el ejercicio del poder del Estado frente al ciudadano. Para ello se ha recurrido a establecer en un texto jurídico superior, y de obligada sujeción para todos los miembros de la sociedad pero fundamentalmente para el poder político representado en el Estado, un conjunto de Derechos y de Garantías, para hacer efectivos esos Derechos, que representan esa libertad que constituyen el valor mas significativo de la sociedad civil, este texto es la Constitución Nacional.

Es importante hacer notar que el poder, representado en el Estado, no es solo una expresión del grupo político dominante o un instrumento de dominación al servicio de los intereses particulares de quienes detentan el poder en una sociedad determinada. Ello ciertamente siempre esta presente en toda estructura política, también en la constitución Venezolana. Sin embargo hay que tomar en consideración que en una sociedad democrática, pluralista (Preámbulo de la CBV) y que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la Justicia, la Libertad, la Dignidad de la Persona Humana y los Derechos Humanos (Art. 2 y 3 CBV), la Constitución Nacional también es el reflejo y expresión, aunque no completa, del consenso valorativo y por ende de la cultura de la sociedad de donde emana ese texto normativo. Con ello creemos que el poder político, representado por el Estado, salvo que derive en una dictadura irrespetuosa de las normas constitucionales, es expresión de la sociedad y consecuentemente de los individuos que la integran.

Así el tema de los Derechos y Garantías Constitucionales nos plantean el conflicto entre la sociedad (representada por el Estado) y el ciudadano, cuya síntesis habrá de resolverse de acuerdo a las valoraciones sociales en cada momento histórico determinado en favor del ciudadano. Tratando de encontrar ese el equilibrio necesario entre la sociedad y el individuo, como utopía siempre perseguible en una democracia.

La barrera infranqueable del Estado para la consecución de sus fines son los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Nacional. Ello es evidente si tomamos en consideración que la carta magna tiene la función de proteger al ciudadano. De allí que no es posible que el Estado, por ejemplo, a través de su sistema jurídico-penal, pueda torturar a un delincuente para conseguir una confesión de su parte (Art. 46 ord. 1 y 49 ord. 5 CBV) o establecer la pena de muerte (Art. 43 CBV) para prevenir delitos, todo en ello en aras de la defensa y protección de la sociedad, puesto que la misma constitución nacional prohíbe expresamente tales abusos por parte del Estado en función de la protección de los Derechos Constitucionales del delincuente, que también es un ciudadano. Este es el tipo de conflicto al que nos referimos cuando hablamos de la tensión siempre existente entre el poder y la libertad. El constituyente -el pueblo- ha determinado un conjunto de valores que quedan fuera del alcance del Estado, dentro de sus funciones, el disponer arbitrariamente de ellos.

Ello no significa que el Estado, a través de su poder legislativo o su poder judicial no puedan restringir aquellas libertades convertidas en Derechos, en efecto si que puede, por ejemplo al establecer la pena de prisión restringiendo la libertad personal o prescribiendo la expropiación por causa de utilidad publica o social restringiendo así el derecho a la propiedad privada; pero lo significativo del reconocimiento de los Derechos y Garantías Constitucionales es que el Estado no pude restringir tales libertades sino dentro del marco establecido en la propia Constitución Nacional y sin menoscabo de determinados valores esencialmente personalistas.

De esta manera la Constitución Nacional al vincular al legislador, al ejecutivo, al poder judicial, al poder ciudadano y al electoral, a las normas establecidas en la constitución, excluye del debate político, dentro de cualquiera de estas instancias, cualquiera de los Derechos reconocidos en la carta magna, pues sobre ellos ya tomó posición el constituyente (el pueblo), procurándose así uno de los fines trascendentes del Derecho como es el de Garantizar la seguridad jurídica y en ultimo termino la paz social.

En este contexto los Derechos reconocidos a los ciudadanos por la Constitución adquieren gran importancia, pues, por una parte, constituyen limites al ejercicio del poder del Estado, y por la otra, son realmente fines del Estado, ya que la finalidad del Estado, por mandato de la propia constitución –analizada teleológicamente-, es promoverlos y protegerlos.

Los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Nacional son el producto de un largo proceso de luchas políticas de la sociedad civil, que parte a mediados del siglo XVIII y llega hasta nuestros días. Así en una primera etapa se reconocieron los Derechos individuales (S. XVIII-XVIIII), en una segunda etapa los derechos sociales (S. XVIIII-XX), en una tercera etapa los derechos de la humanidad en su conjunto (S. XX), y paralelamente a estos reconocimientos se profundizan los valores democráticos, que constituyen el marco dentro del cual se viene desarrollando el sistema de garantías para la protección de todos estos derechos.

El legislador venezolano ha puesto el acento en aquellas normas garantistas adjetivas tanto de carácter administrativo como judicial (Art.49 CBV), así tenemos las normas del debido proceso: del Derecho a la Defensa (Art. 49 Ord. 1 CBV), de la Presunción de inocencia (Art. 49 Ord. 2 CBV), del Derecho a ser Oído (Art. 49 Ord. 3 CBV), en concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos Humanos.

Todas las garantías diseminadas a lo largo del texto constitucional de una manera difusa se refieren a garantías procesales y sustantivas de carácter jurídico penal y tienen la finalidad de limitar el ejercicio del Ius Puniendi del Estado a favor del Derecho a Libertad personal de los ciudadanos.

La Libertad es un derivado de la dignidad de la persona humana (principio angular de todo sistema democrático), que después del derecho a la vida en orden de importancia, es el principio que ilumina todo el ordenamiento jurídico. Por ello tenemos este principio siempre presente, sobre todo cuando el Derecho a Libertad personal puede resultar fuertemente amenazado.

En virtud de todos los razonamientos anteriormente señalados no entendemos como un personal SUBALTERNO puede tomar decisiones pero menos aún entendemos como la Fiscalía del Ministerio Público imputa y un Tribunal priva de libertad a este personal que claramente recibía órdenes de sus superiores inmediatos.

El SUONTRAJ pide y solicita con la fuerza que nos otorga la representación de los trabajadores judiciales MEDIDA SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD para los alguaciles RAFAEL RONDÓN y CARLOS LOTUFFO quienes cumplían con su deber y solicita además que la investigación se adelante con los alguaciles en LIBERTAD.

No nos oponemos a las investigaciones que se realizan entorno a este caso pero nos parece que la privación de libertad es una medida exagerada en el caso de estos compañeros de trabajo. Triste navidad la que pasarán nuestros compañeros alguaciles.

Exhortamos a la familia judicial estar alertas ante lo sucedido y expresamos nuestro apoyo y solidaridad a los familiares de nuestros compañeros de trabajo.

En Mérida a los 13 días del mes de diciembre de 2009.

Familiares de la Jueza Afiuni y Alguaciles se pronuncian

Familiares de la jueza Afiuni y los alguaciles detenidos por su presunta implicación en la fuga del empresario Eligio Cedeño, ofrecieron anoche a los medios de comunicación sus impresiones sobre el caso.

Milagros Rondón, hermana de Rafael Rondón, manifestó su frustración al conocer sobre el traslado del alguacil a la cárcel Yare III.

Asimismo, aseguró que llevarán el caso a cortes internacionales, resaltando que el Poder Ejecutivo “sentenció” a los presuntos involucrados en la fuga de Cedeño, refiriéndose así a las declaraciones que el presidente Hugo Chávez dio en cadena nacional sobre este tema.

“Los venezolanos sabemos que el Poder Judicial, lo poco que quedaba, se murió”, dijo.

Por su parte, la abogada de lo alguaciles, Tailandia Márquez, indicó que “una vez más en Venezuela se están viendo violados los derechos constitucionales”.

De igual modo, el hermano de María Lourdes Afiuni, Nelson Afiuni, indicó que con el traslado de la jueza al INOF y de los alguaciles a otro centro de reclusión, “los mandaron a matar”, pues recordó que a lo largo de sus carreras han enviado a esos lugares a diversos delincuentes que pueden aprovecharse ahora para ejercer algún tipo de retaliaciones.

Tras la solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad la juez 31° de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni Mora y los alguaciles Rafael Rondón y Carlos Lotuffo, por estar presuntamente implicados en irregularidades que habrían permitido la libertad del banquero Eligio Cedeño, ocurrida en horas del mediodía de este jueves 10 de diciembre.

fuente: Noticias 24.com

EL NEOLIBERALISMO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA

Mérida (CDS) En la publicación que hacemos de las actas podrán observar con detenimiento la negativa de la DEM de reunirse con los legítimos representantes de los trabajadores. En varias oportunidades el MPP para el Trabajo y la Seguridad Social a convocado a la DEM a los fines de instaurar una mesa de dialogo sin que la misma haya tenido respuesta alguna. Una vez más nos podemos dar cuenta que a este patrono no le interesan los trabajadores ni su aspecto humano; sólo le interesa una relación obrero-patronal sin sindicatos en un batiburrillo de capitalismo y neoliberalismo conjugado con modismos criollos.

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El presidente de la Confederación latinoamericana de trabajadores del poder judicial al iniciar funciones como miembro del Consejo Superior, Organo Administrativo del Poder Judicial de Costa Rica.

Mario Mena Ayales, miembro del Consejo Superior: “ESPERO UN TRABAJO MUY PRODUCTIVO”

· Inicia funciones en Órgano Judicial como representante de los trabajadores.

· También eligen como suplentes a Marvin Martínez Fernández y Diana Montero Montero.MARIO

El trabajo en equipo y procurar acciones que mejoren las condiciones de los trabajadores judiciales y de la Institución, son los aspectos que marcan las nuevas responsabilidades que asumió Mario Mena Ayales como nuevo miembro del Consejo Superior en representación de los trabajadores judiciales.

A partir de este 1 de diciembre, Mena Ayales, abogado, profesional en criminología y archivólogo,  inicia una ardua tarea en busca del equilibrio entre los intereses del Poder Judicial y sus empleados.

“Lo más importante dentro de este cargo es entender que se viene a trabajar en equipo. Conozco a los miembros del Consejo desde hace mucho tiempo y eso hace que ya nos veamos como compañeros y dentro de mis expectativas es que logremos muchos lineamientos a favor de los empleados más allá de un aumento salarial y que se fortalezcan los principios y valores dentro del Poder Judicial. Espero un trabajo muy productivo y poco a poco contribuir con los cambios para que la institución salga adelante, pues si las condiciones del Poder Judicial mejoran, también mejoran las condiciones para los trabajadores”,  afirmó Mario Mena.

Según explicó, este es un cambio radical pues además de los principios y valores en defensa de los trabajadores que siempre han caracterizado su trabajo, ahora también asume la responsabilidad institucional, en procura de garantizar su mejoramiento.

“Considero que una ventaja es que conozco la problemática del Poder Judicial, casi todas las oficinas judiciales en el país, así como las reformas, los proyectos y las políticas que promueve la institución.  Así que vengo a defender la gente que se lo merece, que se haga justicia para los empleados judiciales y colaborar con todo lo que conlleva mejoras para la institución”, puntualizó Mario Mena.

Mario Mena Ayales cuenta con 29 años de servicio dentro del Poder Judicial y se desempeñó desde siempre en el Archivo Criminal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en un inicio como auxiliar de archivo y luego como perito judicial.

Inició su carrera como dirigente sindical dentro de la institución en la Asociación Profesional de Técnicos en Criminalística y luego ingresó a la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), en donde desempeñó cargos como fiscal y presidente.

Además participó como vocal en la Caja de Préstamos y Descuentos de Empleados Judiciales (CAPREDE).

Fuente: Blog de la CLTPJ

LUIS MUÑOZ…LIBERTAD…LIBERTAD…

LA LUCHA DE UNA FAMILIA POR UN LIDER SINDICAL QUE DIO TODO DE SI Y QUE AHORA UN PODER POLITICO CORROIDO LO TIENE EN LA CLANDESTINIDAD

Andrea Cristina, Pablo Esteban y Luis Ernesto Muñoz Baquero, invitan a la presentación artístico cultural y denu ncian la injusticia que pesa sobre su padre, Luis Muñoz Pasquel, esta vez mediante una muestra fotográfica que se inaugura en la Casa Patrimonial Centro de Artes y Cultura Kapac Ñan, ubicada en la calle 9 de octubre y Ramirez Dávalos, esquina, a partir de las 19h30, este jueves 10 de diciembre.

"Camino de Santiago de Compostela, la ruta francesa", es el título de la muestra fotográfica que permitió desentrañar y visibilizar la miseria humana en diálogos profundos entre un padre, perseguido por un poder político corroído que aún no puede ser destruido y un hijo que aprendió a vivir con la presión, pero con la hidalguía de ser descendiente de un ser que no se guardó nada para sí y dio todo por su sociedad, entre ellos el sector judicial.

Esta muestra permitirá conocer las razones profundas de los hijos que sienten cómo el poder político se ensaña contra su padre, a quien lo mantienen sospechosamente con un proceso en trámite, pensando quizás que la persecución puede ser eterna.

Este acto lo presentan en coincidencia con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, como protesta ante el silenciamiento en el país por este acto de persecución, mientras que en América Latina y en Europa, dirigentes sindicales de varios gremios han extendido cartas de solidaridad, torpemente silenciadas.

Sobre este acto, Luis Muñoz Pasquel considera que es un paso "del exilio a la libertad, porque a pesar de que pesa sobre mí un proceso judicial viciado, me permite experimentar toda la libertad de pensar en lo trascendente, hecho que no ocurría cuando era presa del trafagoso papel del dirigente sindical que pudo testificar y cuestionar el tráfico del poder político y judicial".

Mayor información: 095703017 Pablo Muñoz Baquero, fotógrafo de la vida.

fuente: Blog de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial

Mandan al INOF a la Juez que liberó a Cedeño y a Yare a los 2 alguaciles detenidos

Tras la solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad la juez 31° de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni Mora y los alguaciles Rafael Rondón y Carlos Lotuffo, por estar presuntamente implicados en irregularidades que habrían permitido la libertad del banquero Eligio Cedeño, ocurrida en horas del mediodía de este jueves 10 de diciembre.

En la audiencia de presentación, la fiscal 56° nacional, Alicia Monrroy Carmona, imputó a la jueza, de 46 años de edad, por la presunta comisión de los delitos de corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir, previstos en la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

Asimismo, la fiscal del caso imputó a los alguaciles Rondón y Lotuffo por los delitos antes señalados excepto el delito de abuso de poder.

En ese sentido, el Tribunal 50° de Control de Caracas, ratificó la medida privativa de libertad contra la juez y ordenó su reclusión en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en Los Teques.

Mientras que los funcionarios Rondón y Lotuffo permanecerán recluidos en la cárcel Yare III, hasta tanto el Ministerio Público dicte el acto conclusivo correspondiente en el lapso previsto en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

Vale destacar que Afiuni Mora fue detenida en horas de la tarde de este jueves 10 de diciembre por funcionarios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), en la sede del Palacio de Justicia, tras una orden de aprehensión dictada por el referido tribunal.

La fiscal Monrroy Carmona había solicitado dicha medida con base a lo establecido en el COPP.

Aproximadamente, a las 11:00 am de este jueves 10 de diciembre, se realizó la audiencia preliminar en la causa seguida contra Eligio Cedeño, pese a que los fiscales nacionales 50° y 73°, William Guerrero y Daniel Medina, respectivamente, justificaron ante la juez su no comparecencia en vista de que a esa hora estarían presentes en la sede del Tribunal 11° de Control de Caracas, en un acto de imputación relacionado con en el caso sobre las siete entidades financieras intervenidas por el Ejecutivo Nacional.

El COPP, en sus artículos 12 y 86, establece la prohibición al juez o a la juez de mantener contacto directo e indirecto con algunas de las partes, sin la presencia de todas.

La juez Afiuni Mora sin la presencia del Ministerio Público procedió a sustituir la medida privativa de libertad contra Cedeño, la cual permitió al banquero retirarse de la sede del Palacio de Justicia.

Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia, tras solicitud del Ministerio Público, ratificó la medida privativa de libertad contra Cedeño, pues consideró que las circunstancias que la motivaron se mantenían vigentes.

 

fuente: Noticias24.com

03 diciembre 2009

NUESTRA POSICIÓN ANTE EL SINDICATO DE PROTECCIÓN PATRONAL

Hoy en el poder judicial están en desarrollo conflictos laborales, son varios los despidos en el sector, las deudas laborales no se cancelan, los salarios atrasados están a la orden del día, la contratación colectiva se desconoce y no se discute, las prestaciones sociales, sus intereses y los fideicomisos no se respetan.

Las enfermedades ocupacionales se multiplican, nos quieren arrebatar la asistencia médica, nos convirtieron en un organismo de salarios mínimos y de trabajadores tercerizados con empleos precarios y la política laboral de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura es apartheid sindical, exclusión, discriminación, persecución a la dirigencia sindical, detenciones y juicios penales contra los trabajadores y su dirigencia y el claro objetivo de desaparecer el sindicato más representativo del poder judicial venezolano y los derechos laborales.

Frente a la presencia evidente de un sindicato de protección laboral, la clase trabajadora del poder judicial venezolano necesita con urgencia nacional articular sus luchas y consolidar su fuerza, por ello hemos decidido convocar a los trabajadores judiciales a que se afilien masivamente al SUONTRAJ quien cuenta con características propias y bien definidas, somos democráticos en nuestros propósitos y funcionamiento interno, somos pluralistas en nuestra conformación organizativa, nuestro accionar no es partidista, pero si nos reservamos un papel y un propósito sociopolítico sobre bases programáticas. Nacemos para el combate de los trabajadores (as) por sus derechos, sus conquistas, su papel indelegable en la historia y por la posibilidad real de construir un país pleno de justicia, equidad, libertad y paz, sin explotados ni explotadores.

Somos unitarios hoy mas que nunca, hay que serlo, de ello depende que podamos avanzar para derrotar las políticas anti obreras vengan del sector público o del privado. No somos excluyentes. Nuestro propósito es articular, si ello fuese posible, las ideas a favor de la protección de los trabajadores en el sector judicial, tal y como se sucede en el mundo; pues lo que se persigue es la defensa de los derechos laborales. No buscamos otro objetivo que no sea el bienestar colectivo y no particular o individual. Nos mantenemos y nos autoreformamos sindicalmente para dejar atrás y enterrar definitivamente las aberraciones de la descomposición y la corrupción en el mundo sindical. Nos mantenemos para superar carencias, debilidades e insuficiencias, nos mantenemos para avanzar, para triunfar. En definitiva, el SUONTRAJ, es una alternativa sindical y sociopolítica; unitaria, clasista, pluralista, autónoma, combativa, solidaria y democrática, que se propone construir un nuevo camino y una nueva propuesta para la defensa y el avance de los trabajadores (as) en el poder judicial.

Frente a esta ofensiva del Dirección Ejecutiva de la Magistratura:

No permitiremos que eliminen a nuestro sindicato y desaparezcan los derechos y reivindicaciones de todos los trabadores y trabajadoras de Venezuela.

No permitiremos que desaparezcan el derecho a la Contratación Colectiva, la Libertad Sindical y el Derecho a Huelga.

No permitiremos más CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA SINDICAL y judicialización del derecho a protestar.

Lucharemos contra toda injerencia en la actividad sindical, el apartheid sindical, la exclusión, la discriminación, la persecución a la dirigencia sindical y el atropello reiterado de la DEM a la libertad sindical.

Lucharemos sin discriminación al lado de todos los trabajadores y trabajadoras a quienes les violan sus derechos diariamente, por la ejecución de las providencias administrativas de reenganche que hoy duermen el sueño de los justos y no se hacen efectivas, por los trabajadores/as tercerizados, con empleos sin derechos, explotados, y atropellados por el patrono.

Lucharemos junto a todos los trabajadores y trabajadoras, para defender sus derechos sociales, laborales y económicos, por su derecho a existir como organizaciones sindicales y sociales; libres, autónomas, independientes, democráticas y por todas sus reivindicaciones ganadas en la lucha histórica y permanente de la clase trabajadora.

Consideramos que la crisis del país tiene ciertamente un componente externo, pero mas allá de ello, el componente interno caracterizado por el desorden administrativo del poder judicial. Nos preguntamos desde el mundo del trabajo ¿Qué pasó con los créditos adicionales de 2008-2009 que ha manejado la DEM? ¿En qué se gastaron? ¿Dónde se invirtieron? La actual crisis y sus consecuencias no pueden nuevamente recaer sobre la espalda de los trabajadores, que la paguen los responsables y los que se hicieron ricos y lo siguen haciendo sobre el drama del pueblo venezolano.

Tenemos un grave problema gracias al Paralelismo Sindical fomentado por el patrono promovido por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y, frente a la mentira encubierta de que se respetan a todos los sindicatos, la verdad inocultable es, que hoy se persigue es a los dirigentes del SUONTRAJ y de SUNEP-JUDICATURA.

En este contexto se desarrolla el SUONTRAJ para luchar, para articular, unificar, para crecer y vencer en solidaridad militante y movilización permanente.

Finalmente convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras del poder judicial a organizarse en torno a la lucha que estamos dando, sin discriminación, incluyente, unitaria, creativa, combativa, solidaria y autónoma.

Desde su estado, desde donde este un trabajador a quien se le viola sus derechos, desde allí se desarrolla SUONTRAJ para servirle a toda la clase trabajadora. Ocúpanos que nos ocuparemos de ti. No te dejes engañar por los falsos profetas, que son los mismos de siempre, disfrazados en una “supuesta” nueva organización sindical con los sindicalistas de siempre que sólo buscan beneficiarse individualmente.

Tribunales sin prevención

Integrantes del Sindicato Unitario Organizado Nacional de los Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj) denuncian que las sedes de los tribunales no están preparadas para hacer frente al racionamiento de agua en Caracas, ni a los apagones que se han registrado en distintas zonas del país.
El presidente de esta organización, Luis Gálviz, explica que los tribunales no cuentan con tanques de agua que permitan hacer frente a las fallas en el suministro de agua y que desde la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) no se ha informado como afectará el racionamiento del líquido a las sedes judiciales. "Se tienen que planificar todas estas cosas, al igual que se hacen con otras instituciones como los hospitales", explica.
Señala que tampoco existen plantas de energía eléctrica en los tribunales en los casos en que se produzcan apagones en las distintas sedes en el país. Según Gálviz en este caso las consecuencias son más graves, pues las interrupciones del servicio eléctrico suspenden la actividad de los tribunales retrasando los procesos judiciales en el país.
Esto se debe a que las sedes judiciales funcionan con un sistema automatizado llamado Juris2000, lo que ocasiona que cuando no hay luz los tribunales no pueden despachar. "Hace dos semanas los tribunales de San Juan de los Morros en Guárico debieron detener sus actividades porque se fue la luz, esto obviamente genera retrasos en el proceso".
Asimismo, recuerda que muchas de las bombas de agua que surten a los tribunales funcionan con luz lo que agrava el problema. Incluso en las sedes de los tribunales en el Centro Simón Bolívar, en la Esquina de Pajaritos y en la esquina de Cruz Verde son frecuentes las fallas en el suministro de agua. "Los principales afectados son los usuarios, porque los empleados encuentran algún baño o se van hasta los establecimientos cercanos".
Gálviz también denuncia que la DEM incumple con la Lopcymat pues no se ha nombrado al comité encargado de vigilar las condiciones de trabajo de los empleados. "También se anunciaron unas medidas para prevenir la gripe A1H1N1 pero no se ha hecho nada en ese sentido salvo en la sede de la DEM, en el TSJ y en donde funciona el servicio médico", asevera.

fuente: diario tal cual

29 noviembre 2009

Justicia damnificada

Los usuarios deben soportar horas de colas y hacer frente a las malas condiciones de los tribunales penales, civiles y mercantiles

Por: Carlos Crespo

Fotos por: Saúl Uzcátegui

Colas de cuatro y cinco horas para hacer un trámite ante los tribunales, paredes en franco deterioro, cableados que cuelgan y se convierten en un peligro para los usuarios y baños inutilizables son problemas que parecen afectar a quienes acuden al Palacio de Justicia y los tribunales ubicados en la esquina de Pajaritos.

El que transite por los tribunales penales ubicados en la esquina de Cruz Verde podrá ver una larga cola que recorre varios metros en las afueras del Palacio de Justicia.

Se trata de usuarios o familiares de personas privadas de libertad que deben esperar hasta cinco horas para realizar cualquier trámite ante los tribunales. Muchos relatan que luego de perder su día en esta cola (algunos llegan antes de las seis de la mañana) se les indica que el tribunal no tiene despacho esos días.

El deterioro de la infraestructura es evidente pues presenta filtraciones, problemas eléctricos ocasionales, no funciona el aire acondicionado, los baños destinados a los usuarios están en malas condiciones y las escaleras mecánicas están paradas desde hace meses.

Es importante recordar que la estructura nunca fue culminada por lo que sólo funciona la torre Cruz Verde de la edificación. La torre Camejo, que debía integrar el complejo, permanece inconclusa desde 1992.

La estructura de Ciudad Lebrún en Petare, comprada por el Estado en BsF. 50 millones, debía albergar a la sede de estos tribunales. Sin embargo, hoy funciona como almacén de algunos activos del Poder Judicial tras las denuncias de corrupción en su compra y la determinación de que la sede no es apta para albergar a los tribunales.

En los tribunales de Pajaritos la situación es muy parecida. Para llegar a los pisos superiores sólo se dispone de un ascensor que únicamente se detiene en el piso 14.

Esto causa que tanto usuarios como trabajadores deban esperar un promedio de media hora para llegar a su destino, molestia que se incrementa si luego se debe subir por las escaleras hasta los pisos superiores.

Quienes se dirigen a la Defensoría del Niño y el Adolescente ubicada en el piso 19 podrán apreciar el cableado colgando del techo de la estructura, igualmente encontrarán los baños en un estado inutilizable.

En el piso 20 y 21 se puede apreciar los restos de la mudanza de los tribunales civiles hacia el Complejo Simón Bolívar; mobiliario amontonado, filtraciones y los cables eléctricos casi tocando el suelo. Mientras que en el piso 22, ya sin ningún uso, se pueden encontrar torres de expedientes en las que difícilmente se pueda dar con los documentos que se busca.

LA OTRA CARA: TRIBUNALES LOPNA
Situación distinta es la de los tribunales de menores y adolescentes inaugurados en 2005, ubicados en la esquina de Ibarra a Maturín. Quien ingrese a estas dependencias para hacer alguna diligencia o revisar algún expediente se encontrará, incluso, con aire acondicionado.

A diferencia de los casos anteriores existe un sistema numerado electrónico, similar al usado en las instituciones bancarias, para atender a las personas, lo que permite que se pueda acceder a un expediente en cuestión de minutos. Igualmente, el personal se muestra atento a las preguntas de quienes llegan hasta la sede.

Los tribunales contencioso-administrativos ubicados en la torre Impres en Chacao también ofrecen otra cara. Aunque no disponen de aire acondicionado, el acceso a estos es rápido, igualmente se puede revisar el archivo con facilidad.

Sin embargo, los trabajadores han presentado quejas por el calor, mientras que algunos usuarios denuncian cobros excesivos por parte de los alguaciles para las notificaciones.

De acuerdo con las denuncias, estos funcionarios cobran sumas exageradas por el concepto de traslado y no existe ningún tipo de control sobre los mismos, situación que se repite en los tribunales civiles.

TRIBUNALES EN CONSTRUCCION

*A pesar del estado de la infraestructura del Poder Judicial en el presupuesto del 2010 aprobado por la Asamblea Nacional tan sólo se contemplan 9.799.492 millones de bolívares fuertes para la “modernización de las dependencias judiciales y DEM central”. Esto contrasta con los 36.997.695 millones asignados para la adecuación de la infraestructura física y tecnológica del Tribunal Supremo de Justicia.

*En septiembre de 2005 el entonces presidente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), Luis Velásquez Alvaray, anunció el traslado de todos los tribunales a la denominada “Ciudad Lebrún”. Se trataba de un gran complejo que de acuerdo con el ex magistrado facilitaría diseñar “una estructura modular que nos permita crecer durante 100 años”. Sin embargo, en abril de 2006 el entonces titular del Ministerio de Interior y Justicia, Jesse Chacón, denunció irregularidades por varios millones de bolívares fuertes en la compra del terreno y del edificio. Velásquez Alvaray salió del país y fue destituido en junio de ese año. Hoy pesa una orden de aprehensión en su contra por delitos contemplados en la Ley Contra la Corrupción.

*Varios han sido los amagos para trasladar los tribunales a otras edificaciones. Cuando el TSJ era presidido por Ivan Rincón Urdaneta esta institución adquirió el edificio Karam ubicado en la avenida Urdaneta, pero poco después se desechó la idea. Posteriormente se compró el edificio Metro Olimpo ubicado en Chacao al que tampoco fueron trasladados los tribunales.

18 noviembre 2009

LA CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL VUELVE A EXIGIR AL TSJ SE RESPETE LA LIBERTAD SINDICAL

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FIESTA INFANTIL DE FIN DE AÑO CON SERIAS DEFICIENCIAS

Mérida (CDS) Cuando el patrono prescinde de los legítimos representantes de los trabajadores ocurren cosas como estas. Cuando el patrono desconoce a la representación sindical imponiendo su autoridad, las decisiones siempre serán ilegítimas pues no cuentan con el aval de quienes representan a los trabajadores y eso se traduce en hacer las cosas por hacerlas o simplemente en hacerlas mal; o más aún para un turbio manejo administrativo de la actividad porque cuenta con asignación de recursos económicos.

En este sentido, cabe señalar, como sabemos la II Convención Colectiva de Empleados del Poder Judicial establece en el numeral 6 de la cláusula 33:

FIESTA INFANTIL DE FIN DE AÑO: El Empleador destinará un monto no inferior a CIENTO VEINTE Y TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 123.000.000,00), a fin de ofrecer fiestas infantiles de fin de año, en todo el país, a los hijos de los Empleados, menores de doce (12) años en el transcurso del mes de diciembre de cada ejercicio anual. La edad límite de los niños será considerada al 31 de diciembre de cada año, y la cantidad destinada a cada fiesta regional se determinará en proporción al número de niños menores de doce (12) años declarados en cada entidad federal. La organización de las fiestas infantiles a nivel nacional estará a cargo de Comisiones Bipartitas Paritarias en cada una de las entidades federales, integradas por tres (03) miembros en representación del Empleador y tres (03) por las Organizaciones Sindicales.

Como podemos ver existe en la cláusula un mandato por medio del cual se obligó el patrono a que las organizaciones sindicales participarían de la organización de la Fiesta de Fin de Año en cada entidad federal, a los fines de aportar transparencia a la utilización de los recursos económicos destinados para tal fin. Nada más alejado de la realidad. Y es que como a la Fiesta de Fin de Año se destina un monto no inferior a CIENTO VEINTE Y TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 123.000.000,00), es decir, CIENTO VEINTITRÉS MIL BOLIVARES (Bs. 123.000,00) no queda otra cosa que pensar que en la utilización y el manejo de estos recursos destinados para tal fin, como quiera que sólo participa una sola de las partes en la Comisión, es decir, EL PATRONO TODOPODEROSO: AMOS, REYES Y SEÑORES DE ESPACIOS Y RECURSOS ECONÓMICOS DEL PODER JUDICIAL, habrá manejo turbio de los mismos.

! Que coincidencia que esto se relacione con la denuncia interpuesta por el SUONTRAJ¡ ¿Será acaso que la DEM no quiere que se sepa como destinan los recursos económicos asignados para esta actividad ?

La seccional Mérida además hace las siguientes consideraciones al respecto:

 

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Por último observamos la Circular que convoca a la Fiesta de Fin de Año y concluimos: como hacer CONTRALORÍA SOCIAL en un organismo que persigue la actividad sindical y viola la LIBERTAD SINDICAL en espacios del PODER JUDICIAL.

MARIO MENA AYALES, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL ES ELECTO MIEMBRO DEL CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL DE COSTA RICA

  DSC02686Hoy es un día de triunfo para la Confederación Latinoamericana de trabajadores del Poder Judicial- CLTPJ, pues en elecciones democráticas, el c. Mario Mena Ayales fue elegido Representante de los trabajadores judiciales ante el Consejo Superior del Poder Judicial de Costa Rica, máximo cargo de los trabajadores del Poder Judicial de Costa Rica y que le permite estar en el Órgano de Gobierno de dicho poder del Estado.

El c. Mario Mena, actualmente es Presidente de la Asociación de Empleados Judiciales de Costa Rica, además desempeñó importantes cargos en la Internacional de Servicios Públicos, asimismo es el Presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial, cargo que desarrolla con responsabilidad y  mucha dedicación.DSC02688

Fuente: CLTPJ

AL SUONTRAJ SE LE NOTIFICÓ DE LA DECISIÓN DEL CONSEJO MORAL REPUBLICANO

PODER CIUDADANO

15 noviembre 2009

COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL TRAMITA DENUNCIA DEL SUONTRAJ

 

Tribunalicios piden investigar despidos masivos

Omar Espaillat C.

Caracas, noviembre 3 (REDACTA).- El Sindicato Unido Organizado Nacional de Trabajadores del Poder Judicial (Suontraj) conminó a la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, a investigar los despidos masivos en perjuicio de sus afiliados por disposición del Tribunal Supremo de Justicia, como cabeza visible del Poder Judicial.


Sobre el particular Kennedy Bolívar, presidente de Suontraj, seccional Caracas, anunció que consignaron, en el despacho de Gabriela Ramírez, un escrito, para, además de solicitarle la investigación, también se pronuncie contra la violación de la libertad sindical dentro del Poder Judicial por parte del Director de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Luisa Estela Morales, y la Dirección de Recursos Humanos del máximo tribunal del país.


Indicó que los despidos en el Poder Judicial ya van por los 200 trabajadores, entre jueces, personal administrativo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y funcionarios judiciales en general, especialmente en el Centro Simón Bolívar, donde las condiciones de hacinamiento, las peores en toda la historia del Poder Judicial. No contentos con eso, despidieron más de 100 trabajadores hace mes y medio atrás, sin procedimientos administrativo y disciplinario, añadió.

A estos trabajadores el Poder Judicial, a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, no les reconoció entre diez meses y año y medio de trabajo, pero sí los despidieron de la noche a la mañana, aseguró.

Dijo que por estas graves irregularidades, Suontraj se mantendrá en pie de lucha por el fiel cumplimiento de las deudas salariales, además por el cumplimiento de la contratación colectiva, la cual lleva ya dos años vencida.

 

fuente: El Carabobeño

Trabajadores tribunalicios piden a la Defensora del Pueblo investigue despidos

El presidente de la seccional del Distrito Metropolitano del Sindicato Unitario Organizado Nacional de los Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj), Kennedy Bolívar, consignó un documento ante la Defensoría del Pueblo, donde solicitan se investiguen los presuntos despidos "injustificados" dentro del Poder Judicial.

Aseguró, que en el Poder Judicial han despedido más de 200 personas entre jueces, personal administrativo de la Magistratura y funcionarios judiciales en general.

Igualmente, pidió que se haga una averiguación sobre el manejo de Bs.F 514.000.000 desde la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Asimismo, solicitó a la titular de ese despacho que se pronuncie contra la violación a la libertad sindical "llevada a cabo por el director ejecutivo de la Magistratura y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia".
"Hacemos un llamado a nivel nacional a todos los trabajadores del Poder Judicial con la finalidad de que no se dejen engañar con los pagos que se están haciendo, porque aún falta lo más importante que es la contratación colectiva, del pago de 132 días, aguinaldos y el aumento salarial decretado por el Presidente de la República", expresó.

El sindicalista, aseguró que "nos mantendremos en pie de lucha para que se dé fiel cumplimiento a las deudas salariales y, se cumpla con la discusión de la contratación colectiva que tiene más de dos años vencida".
Por su parte, Francisco Cermeño, miembro del Suontraj Mérida, señaló que "han violando todos los convenios, por ejemplo, el fideicomiso lo adeudan desde el 2006 (...). Exhortamos a los trabajadores para que no se dejen engañar, ésos son paños de agua caliente que no cubren la necesidad de los trabajadores, por tanto pedimos justicia social".

fuente: 2001

14 noviembre 2009

Piden investigación a la Defensoría

Integrantes del sindicato solicitaron al despacho de Gabriela Ramírez que se pronuncie sobre el despido de más de 200 personas en el Poder Judicial

Por: Carlos Crespo

TalCualdigital.com

Tres de los seis directivos nacionales del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj) introdujeron ayer un documento ante la Defensoría del Pueblo con la finalidad de que este ente se pronuncie sobre la remoción de más de 200 funcionarios, que ha llevado a cabo la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM).

El presidente de la seccional Caracas del sindicato, Kennedy Bolívar, emplazó a la defensora del Pueblo a que inicie una investigación sobre estos hechos que a su juicio violan derechos contemplados en la Constitución, como la libertad sindical y la libertad de asociación.

El representante gremial recordó que el Tribunal Supremo de Justicia ha dado como justificación para las remociones la reestructuración de esta rama del poder público, lo que a su juicio viola los derechos laborales. Igualmente, recordó que los dirigentes sindicales gozan de fuero.

“Creemos que tanto la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, como el presidente de la DEM, Francisco Ramos, y la dirección de Recursos Humanos han violado estos derechos”.

El directivo, que fue removido a través de una comunicación de la DEM, señaló que más de 100 trabajadores fueron despedidos hace mes y medio en el Complejo Simón Bolívar.

Asimismo, los dirigentes denunciaron la cesantía de 20 personas por parte de la presidenta del Circuito Judicial Penal de Miranda, Marina Ojeda Briceño, esto luego de que el directivo del Suontraj en ese estado, Stevenson Freites, fuera despedido.

Por su parte, el secretario de organización de la seccional Mérida, Francisco Cermeño, consideró que el balance de los encargados de la administración judicial en 2009 ha sido “rojo” e igualmente señaló que existe una persecución contra los dirigentes sindicales. “Esto viola el convenio 87 de la OIT que fue firmado por Venezuela”.

Ambos dirigentes solicitaron a los trabajadores que no se “dejen engañar” con los pagos que está haciendo la administración judicial. “Falta la renovación del contrato colectivo, el pago de los 132 días por los aguinaldos, así como el aumento salarial decretado por el Presidente”, acotó Bolívar.

09 noviembre 2009


SINDICATO UNITARIO ORGANIZADO NACIONAL

DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(SUONTRAJ)
COMITÈ DIRECTIVO NACIONAL



Las y Los Miembros del Comité Directivo Nacional,
Comités Directivos Seccionales, Consejo de Vigilancia y Disciplina,
Delegados, Delegadas y Afiliados y Afiliadas al SUONTRAJ

Manifestamos nuestro más sentido pesar
ante la desaparición física de la Señora:


MARÍA ELOINA HERNÁNDEZ DE LACRUZ

(Q. E. P. D)


Quien en vida era Madre de la Doctora Reina Lacruz Hernández, cónyuge de nuestro compañero Francisco Efren Cermeño Zambrano, Secretario de Cultura y Formación del Comité Directivo Nacional y Secretario de Organización de la Seccional Mérida de esta Organización sindical.

A sus familiares, deudos y amigos y amigas,
les extendemos nuestras más sentidas palabras de
condolencia y solidaridad, ante el dolor por
esta sensible e irreparable pérdida.

Paz a su alma.


LUIS MARTÍN GALVIZ
PRESIDENTE NACIONAL

Caracas, 08 de Noviembre de 2.009

08 noviembre 2009

PARTICIPACIÓN DEL SUONTRAJ EN EL XVII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE TRABAJO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

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Ixtapa-Zihuatanejo. Estado de Guerrero: México. Del 5 al 8 de Noviembre de 2009 el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos celebró su XVII Congreso Nacional Ordinario de Trabajo. El reto que se fijó el STPJF al asumir la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores fue establecer las bases que hicieran posible las condiciones para el desarrollo pleno de los servidores públicos y sus familias.

Desde hace 9 años se comenzó con un proceso de transformación y cambio e el STPJF de la manos de las autoridades del Poder Judicial de la Federación caminaron juntos para convertir el anhelo de los más de treinta mil servidores públicos, de un trabajo con rostro humano, en el que se reconoce como personas, que verdaderamente cuentan como un recurso valioso para la institución, es decir. un empleo decente como lo define la Organización Internacional del Trabajo.

En el marco del XVII Congreso Ordinario de Trabajo del STPJF se asistió a un hecho histórico para los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, se asistió a la firma de las CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO para el Consejo de la Judicatura Federal. Con ello, todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, tendrán por fin certeza jurídica, pues se establece el marco normativo que reconoce sus derechos, les fija obligaciones y señala lineamientos para otorgar estímulos y reconocimientos que se merecen.

Cabe destacar además de la presencia del Ministro Presidente de la Suprema Corte de la Nación asistente al Congreso sindical estuvieron presentes el Oficial Mayor de la Suprema Corte Héctor Rodolfo Lara y el Director de Recursos Humanos Manuel Cordera Coraza. Igualmente estuvieron presentes el Gobernador del estado de Guerrero Carlos Ceferino Torreblanca y el Ing. Alejandro Bravo, Presidente Municipal de Zihuatanejo.

A este Congreso asistieron el abg. Francisco Cermeño Zambrano, Secretario de Cultura y Formación Nacional del SUONTRAJ y Secretario de Organización de la seccional Mérida y Kennedy Bolívar Rosales Presidente de la seccional Caracas Este donde tuvieron una importante y destacada participación contribuyendo en todo momento con las deliberaciones del Congreso y siendo participes de una hecho histórico para los trabajadores judiciales mexicanos.